La corporación focense aprobó en el pleno del pasado jueves -con los votos a favor de PP y FPF y las abstenciones de PSOE y BNG- la ordenanza que regirá las ayudas para el acceso a la nueva residencia, que se pondrá en marcha en el primer trimestre del próximo año. En base al texto aprobado, los usuarios conservarán el 25% de su pensión o un mínimo de 100 euros en el caso de pensiones que sean muy bajas y en las que el porcentaje marcado sea una cantidad muy escasa.
"Esta é unha ordenanza moi importante que vai garantir que as persoas que queiran ingresar non o deixen de facer por limitacións económicas", subrayó el alcalde, Javier Castiñeira, que recordó que la idea de habilitar una partida de 200.000 euros para este fin fue de Foz, Plataforma de Futuro (FPF). Castiñeira explicó que los solicitantes de las ayudas deberán aportar la documentación necesaria de que no tienen medios económicos suficientes para afrontar las tasas y destacó que se trata de una ordenanza "garantista".
Desde FPF, su portavoz, Alfonso Sixto recordó que esta ordenanza "era innegociable para nós" y puntualizó que "sería mellor que fora máis sinxela, pero ás veces é preciso cinguirse ás leis". Además mostró su satisfacción por el hecho de que el texto "chegue en tempo", dijo.
El concejal socialista también creó debate con el gobierno y el BNG por la adjudicación de la residencia
Quien se mostró más crítico con la ordenanza y con toda la gestión que se hizo de la residencia fue el socialista Ramón Candia que dijo que el texto de la ordenanza "pode xerar controversia" y subrayó que "non hai garantías da dispoñibilidade desa partida de 200.000 euros".
La portavoz del BNG, Lorena Seivan mostró el desacuerdo de su grupo con que la ordenanza sea de emergencia social, "porque esto implica desamparo dos solicitantes", y a pesar de que desde el Concello puntualizaron que debía ser así para hacerla de competencia municipal, mantuvo su postura.
El concejal socialista también creó debate con el gobierno y el BNG por la adjudicación de la residencia. Además de poner en tela de juicio que la nueva firma, la navarra Idea, fuera a contratar a las actuales trabajadoras, Candia también volvió a insistir en que la gestión debería ser 100% pública.
El alcalde volvió a defender el proceso para garantizar la atención a los actuales usuarios y a la plantilla y Seivane subrayó que la gestión 100% pública en Galicia "non existe" y "esta é a foma máis sociable de xestión".
