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Cuatro despidos más en Sargadelos, donde los litigios engrosan su deuda

Exterior de la fábrica de Sargadelos en Cervo. AMA
Exterior de la fábrica de Sargadelos en Cervo. AMA

 La compañía debe dos millones de euros, de los que 1,4 millones se derivan de causas judiciales perdidas frente al personal ▶ La planta cerró el ejercicio "con solo 120.000 euros de pérdidas", dice el consejero delegado, tras pagar 400.000 en sentencias
 

Sargadelos debe actualmente unos dos millones de euros, de los que 1.400.000, corresponden a sentencias de juicios frente a personal laboral y sindicatos, según señaló el consejero delegado de la firma, Segismundo García. Esta cantidad supone dos tercios del adeudo de la empresa, que el pasado viernes anunció el despido de 49 trabajadores para hacer frente "a la presión sindical", tal y como manifestó el propio García, quien asegura que Sargadelos "salió de un concurso de acreedores muy complicado. Sacamos la empresa hacia adelante y cuando se aseguró la carga de trabajo los sindicatos volvieron a cargar y ahora el grueso de nuestra deuda procede de demandas judiciales. Esto no puede ser".

Gran parte de estas deudas provienen de la anulación del Ere de 2010, un proceso que una sentencia de 2014 declaró irregular y obligó al pago de 800.000 euros por parte de la firma, lo que desequilibró gran parte de la contabilidad de Sargadelos. "El Ere se puso en marcha con el visto bueno de la Consellería de Emprego. Nosotros hicimos las cosas correctamente y luego un juez de Lugo, que ahora tiene un cargo importante en En Marea, dice que no es correcto y nos obliga a pagar 800.000 euros. A partir de aquí, la Xunta ni está ni se le espera", explicó García con rotundidad.

En el pasado ejercicio, entre las dos plantas de Sargadelos, la de O Castro en Sada y la de Cervo, se hizo frente al pago de 800.000 euros, una cantidad que coincide con la de esta sentencia judicial. La planta cervense arrojó una pérdida de 120.000 euros, "por lo que si consideramos que de esos 800.000 euros la mitad los pagó la planta cervense, tendríamos en realidad un beneficio de 280.000 euros de no continuar los sindicatos con esta presión desmesurada, el apoyo de los jueces e inspectores de trabajo, y una normativa y una burocracia sin sentido que es imposible que cumpla ninguna empresa en este país. Tienen a las empresas en un puño", señaló el consejero delegado.

García asegura que la carta firmada por la mayoría de la plantilla "es un aval para la empresa y lo aplaudo, significa que no estoy solo"

FIRMAS. Tal como se señaló desde este medio, alrededor del 80 por ciento de los empleados firmaron un escrito pidiendo que cese la "presión sindical" y solicitando la dimisión de Rogelia Mariña, delegada de UGT en la fábrica cervense. Desde el sindicato afirman que el consejero delegado ha instigado la firma de este documento a cambio de dar marcha atrás en los despidos anunciados, algo que niega con rotundidad Segismundo García, quien asegura que este documento "es un aval para la empresa y lo aplaudo. Significa que no estoy solo en esta lucha y que los empleados me apoyan".

Respecto a los despidos, García asegura que siguen su curso a la espera de que se llegue "a una paz social en Sargadelos que nos permita trabajar con normalidad".

Proceso
El martes hubo cuatro despidos más en la planta de Cervo

 
Este martes se produjeron cuatro nuevos despidos. Por lo que la fábrica cuenta con 14 trabajadores menos desde el viernes. "Tres deles non firmaron a carta", indicó el abogado de UGT en este caso, Pedro Blanco Lobeiras, quien confirmó que durante la mañana presentó en el Xulgado do Social de Lugo la demanda frente a Sargadelos y su consejero delegado por el despido de 10 trabajadores y el anuncio de la salida de otros 39 más realizado el pasado viernes. 

Celeridad judicial
"Pedímoslle á Xustiza que actúe con rapidez. Sargadelos é un símbolo para toda Galicia e son moitos os postos de traballo que perigan. É necesario que se tomen medidas cautelares con urxencia", señaló Pedro Blanco. Estas medidas cautelares que reclama el sindicato son cuatro. "Paralizar os despidos, que cesen os ataques contra UGT e os traballadores, que se deteña a recollida de sinaturas no documento que a empresa lle deu aos traballadores e que cese o permiso domiciliario dado a Rolegia Mariña para que se reincorpore á súa actividade normal na fábrica", indicó el abogado.

72 horas
Es el plazo legal que tiene el juzgado para contestar la solicitud de medidas cautelares. Sin embargo, debido a la abultada carga de trabajo de la Justicia en Lugo, unido a que el mes de agosto es el menos ágil para la Administración, podría tardar más días en tener respuesta respecto a si se toman medidas cautelares o no.
Xunta La Mancomunidade de Municipios da Mariña solicitó a la Xunta que intervenga en este proceso. "Hai institucións con capacidade de manobra", señalaron. El partido Compromiso por Galicia, por su parte, pide que sea el Gobierno Central el que intervenga.
 

 

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