La Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declaraba nulo el despido colectivo que pretendía llevar a cabo Alcoa en la fábrica de Aluminio de San Cibrao y que afectaba a 524 trabajadores, lo que supondría acabar con la producción de aluminio. La noticia fue acogida el jueves con júbilo por parte de los operarios, en un día de "alegría"  pero también de "reconocimiento" a su lucha contra los despidos y el apagado de las cubas. "Se reconoce que teníamos razón. Es triste tener que llevar 17 meses sufriendo un Ere que era injusto", decía el presidente del comité, José Antonio Zan. La aluminera, por su parte, acepta la sentencia pero afirma que la fábrica sigue siendo "inviable".

El Supremo dará a conocer "en los próximos días" el texto completo de la sentencia de la Sala de lo Social, que el jueves adelantó el sentido del fallo emitido por los magistrados que se habían reunido para su deliberación el pasado día 20. Su decisión "confirma la sentencia del TSXG" del 17 de diciembre de 2020 que declaraba nulo el Ere "por entender que la empresa había incurrido en mala fe negocial durante el periodo de consultas", además de desestimar "el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal" contra el fallo del tribunal gallego, que también impedía apagar las cubas de electrolisis.

El fallo del Supremo pone fin a este proceso judicial pero el conflicto laboral sigue abierto y es una incógnita lo que pasará a partir de ahora, si Alcoa presentará un nuevo Ere con otros fundamentos o si finalmente favorecerá la venta de la planta a alguno de los inversores interesados, un proceso que los representantes de los trabajadores daban por roto hace más de un mes y del que no se conocieron nuevos avances.

En la fábrica el comité apelaba el jueves a la "prudencia" a la espera de que los servicios jurídicos de los sindicatos puedan tener acceso al contenido completo de la sentencia, sin embargo no escondía su enorme satisfacción. "Es una alegría inmensa", dice el presidente, pues "se demuestra una vez más que quienes tenían la razón eran los trabajadores y no la empresa, que quiso aplicarnos un despido injusto, y solo la oposición de toda una comarca y de unos trabajadores que siempre creyeron que la solución no era parar las cubas fue lo que consiguió que ahora el Supremo ratifique lo mismo que dijo el TSXG, que el Ere es nulo".

El conflicto laboral sigue sin estar resuelto y la multinacional todavía no anunció lo que hará tras denunciar la sentencia

Zan considera "una auténtica vergüenza" las intenciones de la empresa y la deriva de este conflicto laboral, aún sin solución. "Como dice el Supremo, Alcoa actuó de mala fe desde el principio, quiso engañar a los trabajadores y con la situación actual tiene que irse de España. Alcoa tendría que salir de este país ya y tiene que ser el Gobierno el que tiene que garantizar que se vaya y la única fórmula que hay se llama Sepi", dice en relación a la "triangulación" de la operación de venta con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pues de Alcoa "no nos fiamos". "Es triste que el Gobierno no se ponga de nuestro lado y meta a la Sepi para poder tener una venta de la fábrica", lamenta el sindicalista, que pregunta al Ejecutivo "si de una vez por todas va a tomar cartas en el asunto para seguir produciendo aluminio primario en España y va a defender los derechos de los trabajadores, o si va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa sigue actuando de mala fe un día tras otro".

Por su parte la empresa emitió un comunicado en el que dice que "acepta" el fallo del Supremo y se mantiene "a la espera del texto completo" de la sentencia, que afirma que "no altera la situación de inviabilidad de la planta".

La aluminera recuerda que propuso el despido colectivo "por la situación insostenible" de la fábrica sancibrense, que "ha generado pérdidas de aproximadamente 160 millones de euros en los últimos tres años", algo que atribuye a la "falta de un marco energético competitivo en España".

Este problema, dice Alcoa, no solo persiste sino que "se ha agravado significativamente en los últimos meses" por el alza del precio eléctrico y la previsión es que en el cuarto trimestre de este año el coste para la fábrica esté por encima de los 170 euros el megavatio hora, lo que según la empresa "confirma aún más la inviabilidad de la planta en las circunstancias actuales".

Alcoa dice que a pesar de esta situación "nunca propuso cerrar" la fábrica —planteaba mantener la parte de la fundición con 99 empleados— "y ha ofrecido numerosas alternativas razonables, como un Erte y mantener las cubas de electrolisis en condiciones de reinicio, una venta a la Sepi para una transferencia posterior a un tercero o la posibilidad de venta directa a un tercero si la planta obtiene previamente acceso a un marco energético competitivo".

GOBIERNO. La ministra de Industria, Reyes Maroto, mostró su "satisfacción" por el fallo del Supremo, que considera "un éxito sin precedentes tanto de los trabajadores como de la Xunta y del Gobierno central, que han "velado por el mantenimiento de las capacidades productivas de la planta". Ahora, dice, "toca mover ficha a Alcoa" a la que pide que "llegue a un acuerdo cuanto antes para la venta de la fábrica de San Cibrao" y añade que el Gobierno seguirá "con la mano tendida a la empresa para colaborar en la búsqueda de posibles inversores".

XUNTA. También celebró el fallo, por lo que supone para los trabajadores y la comarca, el conselleiro de Economía, Franisco Conde, que ahora anima a la empresa y al Gobierno retomar las conversaciones para lograr la venta. "A Xunta estivo na solución na tramitación do Ere e seguirá estando na solución no proceso de venda. O que necesitamos é que canto antes se produzan eses avances e atopemos unha solución porque os traballadores necesitan estabilidade e certidume, e esperamos que canto antes se poida producir esa venda, se é necesario incluso coa intervención da Sepi", dijo. El delegado de la Xunta, Javier Arias, también espera que Gobierno y empresa "se senten para acadar a solución que tanto tempo levan agardando os traballadores". Por su parte el portavoz del PSOE en el Parlamento gallego, Gonzalo Caballero, reclamó "unha fronte común" entre todas las administraciones, partidos y sindicatos para vender la fábrica y abogó por "que se implique a Sepi e todos cantos organismos públicos sexan necesarios".

CONCELLO. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, celebró la decisión del Supremo. "Estamos moi satisfeitos posto que significa que máis de 500 veciños e empregados desta factoría conservarán o seu posto de traballo, xunto cos empregos indirectos que se derivan da súa produción", dijo el regidor, que felicita a los trabajadores para os que "esta boa nova supón un pequeno alivio por todo o que levan sufrido" en estos meses.

Los sindicatos exigen una "solución de futuro" en la fábrica

La CIG insta a la intervención pública si en unas semanas Alcoa no plantea una salida viable al conflicto y UGT apela al diálogo entre las partes

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT que pleitearon contra la multinacional en este proceso judicial mostraron su satisfacción por el fallo del Supremo y exigen ahora a las administraciones "unha solución de futuro" para la factoría.

Desde los servicios jurídicos de Comisiones María Veiga decía que estaban "contentísimos con la decisión", sobre todo "después de tanto tiempo de tensión" y con todo lo que había en juego para una comarca entera.

"En principio no cabe ningún otro recurso", reseña la abogada sobre la sentencia del Supremo, al que agradece que haya adelantado el sentido del fallo antes de publicar el texto completo de la sentencia, pues "muestra un poco de sensibilidad con respecto a los trabajadores de la fábrica", por la agonía que supone para ellos la extensión de todo el proceso durante más de un año.

Desde la CIG su secretario xeral, Paulo Carril, expresó la "enorme satisfacción" del sindicato por el fallo que "ratifica en todos os aspectos a sentenza pola que se declarou a nulidade do Ere de Alcoa, tirando abaixo punto por punto o recurso da empresa". Entiende que este era el final esperado "tendo en conta a mala fe amosada pola alumineira no periodo de negociacións, como consecuencia da interpretación máis regresiva da reforma laboral".

Carril dice que ahora Alcoa "debe tomar nota, dar un paso atrás e permitir unha solución que garanta a continuidade produtiva e tódolos empregos", pues "a situación actual de incerteza e ameazas non pode continuar". Por ello pide que, si Alcoa no propone una salida viable al conflicto en las próximas semanas, los gobiernos central y autonómico "teñen a obriga de aplicar esa solución, procedendo á intervención pública da factoría para impedir que a empresa poida levar adiante o desmantelamento das instalacións pola vía dos feitos consumados".

Por su parte UGT ve acreditado que "o único fin que guiaba a Alcoa era apagar as cubas e pechar a fábrica da maneira máis rendible posible", como ya apuntaba antes el TSXG, y considera esta nueva sentencia "unha vitoria dos traballadores e traballadoras pola súa loita e constancia".

El sindicato cree que todas las partes deben seguir luchando por el futuro de la fábrica y demanda a los gobiernos "coordinación e traballo conxunto". Cree que todavía queda un largo camino por delante en el que "Alcoa e as administracións teñen que dialogar e negociar coas partes baixo o paraugas da boa fe e co fin de garantir dunha vez por todas o futuro da fábrica".