El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo acogerá la próxima semana un juicio contra tres falsos revisores del gas, dos de ellos acusados de un delito continuado de estafa y otro de una falta de estafa, dado que no tiene antecedentes penales. El Ministerio Fiscal solicita para los dos primeros una pena de dos años de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y las costas. Para el tercero pide una multa de dos meses a razón de seis euros diarios, es decir, 360.
Los dos primeros deberán indemnizar además a dos personas mayores con el importe del dinero que les cobraron, 280 y 193 euros respectivamente. Además, el primero de los acusados y el que no tiene antecedentes previos tienen que indemnizar de forma solidaria y conjunta con 160 y 225 euros a otras dos personas estafadas.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2014 cuando los acusados acudieron a varios domicilios aislados de la zona de Mondoñedo y Alfoz presentándose como trabajadores de la empresa B. Mantenimiento y Revisión S.L. en viviendas en las que residen personas de avanzada edad y solas a las que indicaban verbalmente y sin especificar ni permitir comprobación alguna que eran revisores del gas butano y que iban a hacer la inspección obligatoria, tras lo que realizaban los cambios de las gomas de las bombonas y los reguladores sin que estos estuviesen realmente caducados.
La Fiscalía no aprecia que concurran circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal de los autores de estos hechos
Tras este cambio hacían un presupuesto y una factura exigiendo la firma y el pago a los clientes. Además, en ocasiones presentaban un contrato de mantenimiento por un periodo de cinco años que firmaban sin permitir la lectura del mismo y sin informar de lo que se trataban, por lo que algunos creían que era la factura.
De esta manera, dos de los acusados acudieron el 20 de agosto al domicilio de una persona de 95 años que estaba sola en casa y efectuaron el cambio solicitándole 390 euros, pero como la afectada les dijo que solo tenía 160 euros se llevaron esa cantidad y le indicaron que irían al mes siguiente a cobrar el resto. A otro afectado le dijeron lo mismo y que le cobrarían poco más de 100 euros, pero le solicitaron 225, además de hacerle firmar un contrato de mantenimiento.
El 22 de agosto del mismo año acudieron con el mismo 'modus operandi' al domicilio de otra persona de 82 años y tras el cambio mencionado le solicitaron 280 euros. Ese día también fueron junto a otra persona, a la que le pidieron 195 por hacer la misma operación, aunque al decirles que solo tenía 193 le presentaron a firmar un contrato de mantenimiento además de llevarse el dinero.
La Fiscalía no aprecia que concurran circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal de los autores de estos hechos.
