Dos miembros de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Láctea de Riotorto se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por llevar presuntamente a quiebra a la entidad, unos hechos por los que la Fiscalía y la acusación particular —ejercida por otros dos socios— solicitan penas que implicarían prisión.
Según se recoge en el escrito de acusación del ministerio público, desde la fundación de la SAT, en 2003, los dos acusados —presidente y secretario— "puestos de común acuerdo y prevaliéndose de los cargos que tenían atribuidos en la mencionada sociedad, cometieron diversas irregularidades, lo que derivó en un grado tal de endeudamiento que acabó por hacerla inviable desde el punto de vista empresarial en el año 2014".
Entre otras irregularidades, el fiscal subraya que los acusados hicieron constar un capital social que no coincidía con el que figuraba en los libros de contabilidad, realizaron préstamos de la SAT a sus socios y realizaron pagos en efectivo que incumplían la ley. Además, elaboraban "con completa oscuridad" el plan general contable de la sociedad. Esta forma de actuar supuso un perjuicio considerable para otro matrimonio socio de la SAT, que aportó casi 77.000 euros para poner en marcha la sociedad, además de fincas, maquinaria agrícola y ganado.
El abogado de los acusados defiende la inocencia de sus clientes y argumenta que la SAT continúa funcionando
Durante el interrogatorio, la fiscal recordó que un informe pericial concluye que los acusados retiraron diversas cantidades de dinero en efectivo de la cuenta de la sociedad, a lo largo de esos años, sin que conste ninguna causa justificada. Los dos socios, sin embargo, negaron que se hubieran apropiado del dinero y alegaron que esas cantidades se invirtieron en la entidad. Según explicaron, el matrimonio denunciante "iba a trabajar solo cuando quería", por lo que decidieron expulsarlo. Sin embargo, el abogado de la acusación particular explicó que la Audiencia Provincial de Lugo anuló la expulsión y que varios juzgados lucenses obligaron a la SAT a pagarles el sueldo que no les querían abonar y que recibía el resto de los socios. Una de las socias llegó incluso a ser condenada por arrojarle cal a los ojos al denunciante.
El abogado de los acusados defiende la inocencia de sus clientes y argumenta que la SAT láctea continúa funcionando, por lo que niega que en 2014 no fuera viable y que los dos acusados la hubieran llevado a quiebra con su gestión.
Responsabilidad civil
El fiscal solicita que indemnicen al matrimonio afectado en la cantidad que se determine en la sentencia. La acusación particular pide 405.164 euros en total.
