La Central Unitaria de Traballadores (CUT) asegura que el juzgado de paz ribadense es un edificio "do terceiro mundo en pleno século XXI", que pone en riesgo la salvaguarda de los usuarios y de los empleados. Tras reiteradas quejas, expuestas desde el año 2015, el sindicato se ve en la obligación de concederle al Concello un mes de plazo para subasanar las deficiencias, ya que es la entidad responsable "do mantemento e da reparación". De no hacerlo, presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Recuerdan que las multas por el incumplimiento de este tipo de responsabilidades van desde los 90.000 al millón de euros, ya que se considera falta grave desatender las advertencias del servicio de prevención de riesgos laborales que en 2017 consideró un riesgo importante el estado del juzgado que se debía reparar en breve.
"Descoñecemos que entende o Concello por prazo mínimo", matiza el sindicato que ve con ello que el juzgado de paz "non entra nas obrigas" del gobierno local, si bien es cierto que el alcalde solicitó ayudas a la Xunta para repararlo y está buscando otros emplazamientos para albergar un servicio, que actualmente está en un primer piso sin accesibilidad.
