El director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, confirmó que la Sareb revisará "a próxima semana" todos los casos "de manera individual" de los contratos de alquiler que mantienen con los propietarios del número 6 de la calle Mar Cantábrico, a los que comunicó la extinción en febrero. "Os representantes de Sareb recoñeceron que as vivendas, tal e como defende a Xunta, deberán continuar en réxime de alugueiro ata o fin da protección, en 2029", aseveró García, al término del encuentro telemático mantenido ayer con responsables de la entidad.
Una postura que supone un cambio respecto a la estrategia seguida hasta ahora por el llamado banco malo, que solo se comprometía a negociar con aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y que choca con las llamadas telefónicas realizadas el día anterior, en que recordaban a los vecinos la fecha en la que tenían que abandonar las viviendas, conminándoles a comunicar por burofax la salida.
El caso de Burela, con dieciséis vecinos afectados, varios de los cuales ya han abandonando el edificio, es el único de viviendas de protección que está afectado por la decisión de la Sareb de no prorrogar los contratos de alquiler, una situación que también se está dando en Ares, Narón y Silleda.
"Non existe motivo aparente para non renovar eses contratos"
"Non existe motivo aparente para no prorrogar eses contratos", reitera el responsables del IGVS, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, quien se mostró también sorprendido por el posicionamiento del Concello de Burela, pues "é quen de pedirlle á Xunta que interceda, algo que xa sabe que está a facer dentro das súas competencias, cando a quen hai que pedirlle responsabilidades é ao Goberno central, porque máis dun 45% da Sareb corresponde ao Estado. É o Estado como principal participante na Sareb o que ten marxe para buscar unha solución. Nós estamos cun papel de intermediación", agrega.
Un Gobierno central a quien anima García a dirigirse a los inquilinos afectados "co fin de que inste á sociedade pública a revisar os procedementos de desaloxo que ten actualmente en marcha".
Creen desde el IGVS que el fin de periodo de vigencia de la Sareb en 2027 y su mandato de venta de todos sus activos podría estar detrás de la rescisión de los contratos vigentes, lo que creen que choca "coas medidas do borrador do plan estatal de vivenda de ofrecer casas da Sareb en réxime de alugueiro social. Algo co que estamos dacordo pero do que no se recibiron máis noticias", lamenta García.
