La ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró este martes en el Senado que el Gobierno está "analizando todos los instrumentos posibles" dentro del ordenamiento jurídico español y europeo para "garantizar un futuro industrial" a la fábrica de Alcoa y añadió que el interés de GFG Alliance (Liberty House) por invertir en las instalaciones "continúa", algo que considera "positivo porque hay un proyecto que garantiza el futuro de la planta".
"Los próximos días van a ser decisivos", apuntó Maroto, que destacó la buena sintonía con la Xunta y abogó por "mantener la unidad de acción para conseguir el mejor desenlace". De hecho dijo que ya trabajan con el Ejecutivo autonómico para "exigirle a Alcoa la justificación del cumplimiento de la legislación laboral y medioambiental" y que si aprecian "evidencia de incumplimiento" le reclamarán "que devuelva todas las ayudas públicas que ha recibido", recordando que este lunes el ministerio le envió requerimiento con los requisitos para percibir las compensaciones de CO2 del 2019.
Maroto confía en que con esta "presión" puedan lograr que "Alcoa cambie de actitud", pues considera que su intención actual es "cerrar la planta y dejar sin futuro a la comarca de A Mariña", algo que "el Gobierno no va a permitir". Asegura que el Ejecutivo trabaja "de forma incansable" para buscar soluciones que mantengan la actividad industrial y el empleo y que lleva "meses ofreciendo a Alcoa distintas alternativas para evitar el cierre" pero la aluminera "siempre las ha rechazado, demostrando sin duda la mala fe en todas las negociaciones".
Recordó también que días antes de terminar el plazo para acordar con Liberty Alcoa rompió las conversaciones "de forma unilateral negándose a la venta, a pesar de que el acuerdo estaba muy cerca" y de que el Gobierno le ofreció la opción de la Sepi. "Alcoa siempre ha querido cerrar la fábrica y los hechos la han delatado. Durante estos meses ha utilizado el marco de las negociaciones para lavar su imagen, para ganar tiempo, para demostrar que estaba haciendo algo cuando en realidad lo que quería era dejar pasar los plazos para cerrar la planta", argumentó Maroto, que trasladó su apoyo a los trabajadores y a sus familias.
"Se le han caído todas las excusas, incluida la del precio de la energía que había alimentado irresponsablemente en los últimos meses"
CÉSAR MOGO. La ministra realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta del senador socialista mariñano César Mogo, que en su exposición también trasladó la solidaridad de su grupo con los trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares y pidió a las a las administraciones, los sindicatos y los alcaldes que continúen trabajando juntos. "Lo que esperamos es que Alcoa no presente el Ere y, si lo presenta, sea impugnado por ser un fraude de ley", dijo Mogo, que anima a Gobierno y Xunta a actuar "con responsabilidad para abrir un futuro al nuevo inversor y a toda A Mariña".
El senador incidió en que con la ruptura de las negociaciones del proceso de venta a Alcoa "se le han caído todas las excusas, incluida la del precio de la energía que había alimentado irresponsablemente en los últimos meses" y que su intención es "no tener un competidor en el mercado, deslocalizar la producción y operar libremente en suelo europeo.
El precio es que deja en el desempleo a centenares de trabajadores", lamenta Mogo, quien añade que la propia empresa tendrá "un precio a pagar si no cede su actitud y deja paso al nuevo inversor" en relación a su "reputación empresarial". "Si no cede pasará a ser parte del grupo de empresas socialmente irresponsables, empresas con malas prácticas, y se merecerá el reproche de la ciudadanía y de las instituciones", considera.
