Un mecanismo que ayuda a Alcoa a paliar el alto coste eléctrico –un 40% superior al de sus competidores en Europa– es la subasta de interrumpibilidad, en la que accede a incentivos por modular su consumo cuando el sistema eléctrico nacional lo demanda. El Gobierno acaba de hacer pública la convocatoria de la próxima puja con un drástico recorte, lo que según el comité pone en una situación de "emergencia" a la fábrica de San Cibrao, mientras que Alcoa insiste en que sin medidas urgentes producir aluminio es "inviable".
La Secretaría de Estado de Energía publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de la subasta para los primeros seis meses de 2020, que se celebrará entre el 16 y el 20 de este mes. Los cambios más significativos son que se reduce más de la mitad la potencia a subastar, ya que serán 1.000 megavatios (MW) en lugar de los 2.400 de la anterior, y que desaparecen los bloques de 40 MW, por lo que solo se subastarán de 5, con peor remuneración y lo que se traduce en una mayor competencia para Alcoa con empresas que necesitan mucha menos energía para producir. Habrá 200 de estos lotes, con un precio de salida de 125.000 euros por megavatio.
Desde Alcoa confirman su participación en la subasta "con el fin de obtener el mayor valor posible de estos servicios para la planta de Aluminio de San Cibrao", que según recuerdan ahora mismo es la única que produce aluminio primario en España. Lamentan que la reducción en esta subasta "es todavía más drástica" que en las anteriores, "lo que sin duda incrementará el precio de la energía que consumimos, afectando en mayor medida a la industria electrointensiva como es la del aluminio primario", para la que la electricidad supone el 40% de sus gastos de producción totales.
Una vez terminada la subasta se confirmará "el alcance del impacto", pero la multinacional advierte de que "si no se adoptan las medidas urgentes que reviertan la situación, la producción de aluminio primario en España es inviable". Esta planta cerrará su segundo ejercicio consecutivo en negativo, con unas pérdidas de entre 50 y 60 millones este año.
El comité de empresa recordó que si el anuncio de la compañía en octubre de ejecutar recortes en su cartera de activos a nivel mundial ya ponía en una situación de "urgencia" a la fábrica de San Cibrao, la publicación de este martes del calendario y las características de la subasta hacen que la situación pase a ser "de emergencia", por lo que solicitó una reunión "urgente" de la mesa de seguimiento de Alcoa en la que reclamó la presencia del Ministerio para la Transición Ecológica.
El presidente del comité, José Antonio Zan, cree que con esta convocatoria "el Gobierno, en vez de ayudar, está penalizando a la industria" y urge a que ponga otras medidas sobre la mesa porque de lo contrario "la situación va a ser muy grave". "No tiene sentido lo que ha hecho, se puede entender si le pones algún mecanismo que contrarreste esa bajada", comenta el sindicalista, que añade que la eliminación de los bloques de 40 MW "deja a una cementera al mismo nivel que una empresa electrointensiva, lo cual no tiene sentido ninguno".
Zan insiste en la necesidad de un marco jurídico que establezca el precio de la energía en unos niveles similares a los de Francia o Alemania, y anima a la comarca a participar en la concentración de esta tarde en Foz, con independencia de las protestas que vayan a convocar para próximas fechas, que podrían celebrarse ante sedes del Gobierno en Lugo o Madrid.
ALTOS DIRECTIVOS. Por otro lado el comité mantuvo ayer una reunión con el presidente de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Alcoa, John Slaven, y la vicepresidenta de operaciones en Europa y Oriente Medio, Christine Keener, que visitaron San Cibrao.
El comité puso en valor el potencial humano de las plantas y el apoyo social de los mariñanos y de los gobiernos municipales "para que el Gobierno llegue a plantear una solución a la tarifa eléctrica". También informó a los directivos de la preocupación de la plantilla y les pidió "paciencia" para no tomar medidas mientras no llegue la solución al problema energético, "transmiténdoles que la presentación de un plan de viabilidad e inversiones en la planta ayudaría a presionar al Gobierno a plantear dicha solución".
Los ejecutivos, por su parte, "agradecieron el apoyo de la comunidad para defender la continuidad de la planta y reconocieron el potencial humano de los trabajadores, pero siendo conscientes de que la prioridad es solucionar el problema de la energía".
