Representantes provinciales del Partido Popular en la provincia de Lugo han visitado la planta de Alcoa en San Cibrao para anunciar que “liderarán un frente común” para evitar despidos en la factoría de Cervo.
Los populares han decidido dar este paso “una vez conocida la importante reducción en la fabricación” y a raíz de la “desidia demostrada por el Gobierno en funciones, incumpliendo muchos de los anuncios realizados con respecto a este asunto”.
De este modo lo explicaron este martes por la mañana, delante de la propia fábrica, representantes populares en A Mariña, en la Diputación de Lugo, en la Xunta de Galicia, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, quienes han invitado asimismo a “todos los demás grupos políticos” a “trabajar de manera conjunta porque la situación está generando incertidumbre e inseguridad”.
Como medida más inmediata, los populares presentarán una moción en la Diputación que será debatida en el pleno ordinario de septiembre, a través de la que “urgen al ejecutivo” la aprobación inmediata del estatuto de las empresas electrointensivas.
Esta iniciativa también será trasladada a otras instituciones como los ayuntamientos de la zona o las cámaras nacionales y autonómica.
Los populares han advertido que “el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene excusas” para no aprobar este documento, pues “aunque está en funciones podría hacerlo a través de un Real Decreto que posteriormente ratificaría el Consejo de Ministros”:
Desde el PP han defendido asimismo que, “teniendo en cuenta el elevado precio de la electricidad”, sería “imprescindible” concretar una fecha para la aprobación de dicho estatuto, dado que “sin un marco normativo y un precio estable no hay futuro para Alcoa ni para el resto de empresas que son grandes consumidoras”.
Los populares también han recordado que “no es la primera vez” que demandan una solución para esta empresa.
Según han precisado, el pleno de la Diputación ha aprobado varios acuerdos en los últimos años “con carácter de declaración institucional y de forma unánime”, en concreto, el 31 de mayo de 2016, el 30 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019.
También han sido varias las iniciativas en este sentido registradas en los ayuntamientos y en las cámaras nacionales.
