El PP ha culpado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez y a su "política industrial irresponsable y sectaria" de que Alcoa se plantee cerrar su planta de San Cibrao (Lugo), pues cree que el Ejecutivo "genera desconfianza e inseguridad". Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien ha lamentado que el gabinete socialista sea "incapaz" de mantener una interlocución "razonable" con el sector industrial y con el PP y que tenga "una influencia nula en el contexto europeo", ya que así "pone en peligro los puestos de trabajo de 2.000 personas".
Mariscal no cree que el Estatuto del consumidor electrointensivo, en el que trabaja el Ministerio de Industria, vaya a ser "viable ni factible" pues "no ha sido aprobado previamente por Bruselas" y provocará, ha asegurado, "una apertura de expediente por ayudas de Estado ilegales a España, que obligue a las empresas a devolver esas exenciones finalmente en el futuro". Además, ha señalado que la propuesta de que las empresas electrointensivas estén exentas en su factura eléctrica de los pagos por capacidad y del coste de la interrumpibilidad, ya "estaba encima de la mesa con el Gobierno del PP".
Por ello, Mariscal ha apuntado que el estatuto es una medida más con la que este Gobierno "pone en riesgo" la competitividad de la industria española y miles de puestos de trabajo "a cambio de obtener unos cuantos votos más".
El complejo de San Cibrao, que representa el 1,5% del consumo de energía de España, acumuló el pasado año unas pérdidas de 48 millones de euros
La planta lucense es la única fábrica que la compañía mantiene abierta tras el cierre de las plantas de Avilés y A Coruña, que se efectuará en el próximo mes de junio y supondrá el despido de unos 686 trabajadores. El complejo de San Cibrao, que cuenta con 1.700 trabajadores y representa el 1,5% del consumo de energía de España, acumuló el pasado año unas pérdidas de 48 millones de euros.
VUELVE EL DÉFICIT ELÉCTRICO. El que fuera portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja ha criticado que se contemple "un déficit eléctrico previsto para este año de 450 millones de euros, rompiendo la tendencia positiva de superávits que dejó el PP" y que, desde que llegara a la Moncloa, "Pedro Sánchez haya incrementado la factura eléctrica en un 5% y haya recortado las ayudas a la gran industria para compensar los costes de CO2 en 118 millones".
Todo ello, a su juicio, por las medidas adoptadas en el ámbito laboral, fiscal y energético que, a su juicio, "han generado rigideces y perjudicado a la industria y la creación de empleo, en lugar de preparar a España en el proceso de transición energética hacia una descarbonización de la economía". "Las iniciativas adoptadas por el Gobierno han supuesto un cheque en blanco para una política energética poco ambiciosa, que ha empeorado la competitividad de la industria, destruyendo empleos y que ha ideologizado y demonizado a algunas tecnologías", ha resumido.
Frente a ello, Mariscal ha defendido las propuestas del PP en esta materia, pues "implementan políticas sólidas y factibles que permiten una transición energética de manera inteligente y sostenible, minimizando el impacto económico sobre las familias y las empresas". Un ejemplo de ello, ha explicado, es la eliminación de manera indefinida del impuesto sobre la producción eléctrica (un 7%), cuya suspensión el Gobierno rechaza prorrogar. "Cuando el PP vuelva al Gobierno asegurará una energía competitiva para crecer y crear empleo, ya que es clave para el bienestar de las familias, para que las empresas sean competitivas y se impulse el crecimiento económico y el empleo de calidad", ha concluido.
