La subasta de interrumpibilidad que arranca este lunes y que estaba llamada a paliar el alto coste eléctrico de la empresa electrointensiva, entre ella la planta de Alcoa en San Cibrao, no ayudará a reducir la incertidumbre sobre el futuro de la factoría mariñana. La convocatoria de la puja hecha pública por el Gobierno a principios de este mes y que es para los primeros seis meses de 2020 supone un drástico recorte con respecto a la anterior, lo que sitúa a San Cibrao, según reconocieron en aquel momento tanto la empresa como el comité, en una situación de emergencia.
Los cambios más significativos para esta nueva subasta son que se reduce a la mitad la potencia a subastar, ya que serán 1.000 megavatios (MW) en lugar de los 2.400 de la anterior, y que desaparecen los bloques de 40 MW, por lo que solo se subastarán de 5, con peor remuneración. Habrá 200 de estos lotes con un precio de salida de 125.000 euros por megavatio.
En el momento de este anuncio por parte del Gobierno, desde Alcoa ya confirmaron su participación en esta subasta "con el fin de obtener el mayor valor posible de estos servicios para la planta de Aluminio de San Cibrao", aunque lamentaron la reducción de la subasta, "lo que sin duda incrementará el precio de la energía que consumimos".
En este sentido, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, reconocía este domingo que un paliativo a esta subasta sería la convocatoria de una extraordinaria, como ya se hizo en el año 2014. En aquel momento, Alcoa había retirado el despido colectivo que tenía anunciado en las plantas de Avilés y A Coruña, aunque matizaba que se trataba de una solución temporal y que seguían siendo vulnerables, como después se constató al venderlas este verano.
Precisamente a la necesidad de una subasta extraordinaria también apelaban la semana pasada la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aege), la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) y los sindicatos CC.OO. y UGT en una carta que remitieron a las ministras de Industria y Transición Ecológica. En esta misiva también indican que en 2020 se debería poner en marcha un nuevo mecanismo que satisfaga a todas las partes con aplicación a partir del 1 de enero de 2021.
Más allá de estas subastas, Zan lo que subraya es la necesidad de legislar sobre este tema. Este mismo lunes el comité de empresa se reúne con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hace unos días se reunió con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar también la crisis en la central de As Pontes. Además esta semana, el miércoles concretamente, viajarán a Madrid para hablar con representantes en el Congreso de PSOE, PP, Podemos, BNG y Ciudadanos, así como con el líder del PP, Pablo Casado.
Además el próximo 15 de enero está prevista la mesa de seguimiento con representantes de los trabajadores y del Ministerio de Industria.
