El fondo suizo Parter Capital ha presentado las garantías de liquidez requeridas para la compra de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, con lo que la compraventa de las fábricas, que la multinacional estadounidense de aluminio pretendía cerrar, se ejecutará este miércoles.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha comunicado la noticia tras la reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos por el mantenimiento de la actividad industrial en las dos fábricas. En la reunión, Alcoa, representada por el vicepresidente de Energía de la multinacional, Marc Pereira, ha trasladado al resto de participantes en la comisión, los gobiernos de Asturias y Galicia, y los sindicatos CCOO, UGT y USO, que Parter Capital, cuyo consejero delegado ha acudido también, depositó ayer las garantías adicionales que se le pidieron.
Esas garantías ascienden a 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros), cantidad no será percibida por Alcoa, sino que quedará como respaldo de las futuras operaciones de las plantas. De esta manera, la compraventa, que estaba sujeta a que el fondo suizo aportara esas garantías adicionales, se va a registrar este miércoles ante un notario en Madrid.
La ministra de Industria ha manifestado que el desenlace es un "éxito de todos" y que la operación de venta garantiza el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo en las factorías de Alcoa en Avilés y A Coruña, además de evitar el despido colectivo que se hubiera producido a partir de este jueves en unas plantas que emplean a más de 700 trabajadores, que mantendrán su puesto de trabajo por lo menos durante los próximos dos años.
La ministra ha dicho que, aunque Parter sólo se compromete a mantener el empleo durante dos años, espera que sean el principio de un proyecto industrial que permita crear nuevos puestos de trabajo y recuperar peso industrial en España. Ha añadido que el trabajo de acompañamiento del ministerio, que desde octubre ha trabajado para buscar una solución, no acaba ahora, pues el Gobierno se comprometió a trabajar "por una política industrial en este país y acometer cambios en el precio de la energía", para lo que es necesario aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.
Ha recordado que es necesario que haya un gobierno en España para poder aprobar ese estatuto, que no pudo ver la luz antes de las elecciones por el informe negativo que emitió sobre el proyecto que presentó entonces el Ministerio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por eso, ha pedido a los grupos políticos que "dejen de bloquear la formación de un gobierno" por el bien de los trabajadores del país.
La ministra, que la próxima semana visitará Galicia y Asturias, ha finalizado vestida con una de las camisetas reivindicativas de los trabajadores de Alcoa durante el conflicto con el lema "Peche non" ("Cierre no", en gallego), sobre la que ha dicho "nos ha hecho fuertes" y ha permitido conseguir "lo que queríamos hace seis meses".
LÓPEZ CORBACHO. El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha dicho que seguirán con la petición de que se apruebe el Estatuto para los Consumidores Electrointensivos y a la nueva empresa propietaria de las plantas, Parter, que cumpla con sus compromisos y haga de ellas "una empresa estable y de futuro, que sea una referencia en nuestro sector".
El presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Goméz de la Uz, ha manifestado que estarán al lado del nuevo inversor y ha pedido al Ministerio que siga colaborando, para lo que se creará una nueva comisión de seguimiento.
Y ha recordado que dependen del Gobierno para que se puedan arrancar las series de electrolisis de ambas plantas que apagó Alcoa, para lo que hacen falta "unos costes eléctricos razonables", parecidos a los de Francia y Alemania.
La oferta de Parter, elegida tras descartar Alcoa la del fondo alemán Quantum, que sólo quería inicialmente la planta de Avilés, garantiza el empleo a 250 trabajadores en cada una de las fábricas -frente a los 317 con que cuenta la planta asturiana y los 369 de la gallega- durante un mínimo de dos años, aunque, si se arrancaran las series de electrólisis, la cifra se incrementaría.
