El juzgado número 6 de A Coruña admitió a trámite la querella presentada por la unión temporal de empresas Morán-Rodríguez contra Arriva Galicia y su gerente, Juan Gómez Piña. La Ute mariñana le atribuye un supuesto delito de falsedad en documento público, recogido en el artículo 399, apartados y 2 del Código Penal. Esta acusación derivaría de los certificados que la empresa Arriva presentó ante la Xunta para justificar que debían ser subrogados doce trabajadores para la línea que une Viveiro y Ribadeo. Para la elaboración de ese documento, la empresa indicaba que había tomado como referencia el 80% de la jornada de una docena de empleados que hacía la línea Viveiro-Ribadeo. El acuerdo nacional y gallego de subrogación establece el cumplimiento de ese porcentaje. El calendario laboral de cada trabajador suma 1.800 horas anuales y ese porcentaje serían 1.452 horas/año.
Arriva, cuya versión resultó imposible conocer este martes, reflejaba en el certificado que debían cubrirse 2.500 horas anuales. Al examinar la información pública existente, en la que figura la necesidad de cubrir cinco expediciones diarias de lunes a viernes todo el año, la Ute calculó que resultaba suficiente contar con dos trabajadores, que fue los que subrogó para prestar dicho servicio. Aparte, contrató otros tres para el servicio de transporte escolar.
PRESUNTOS DELITOS. Morán-Rodríguez asegura que optó por mantener silencio hasta que reunió pruebas para confirmar que la otra empresa presentó documentación falsa. De ahí derivan el resto de presuntos delitos que atribuye a Arriva, a la que achaca estafa, según los artículos 248.1 y 250.1, puntos segundo, cuarto y sexto, así como el 250.2 del Código Penal (CP), y además la acusa de alteración de precios en concursos y subastas públicas, como prevé el artículo 262.1 del CP.
La Ute indica que la presentación de la querella obedece a su supervivencia y al hecho de que se cuestionó "el nombre de los empresarios Morán y Rodríguez, cuya honradez y familia quedó comprometida".
La pérdida de la concesión, descartada ya por la Xunta, le hubiese impedido contratar con la Administración pública
Las firmas mariñanas esperan que la querella criminal ponga fin a una situación que califican de "esperpéntica y dolorosa, en la que nos sumergió la actuación de Arriva Galicia", que supuso la apertura de un expediente sancionador con posible pérdida de la concesión que la Ute ganó en concurso público y que la Xunta decidió sobreseer. Esto llevaría aparejada además la pérdida de la capacidad de poder contratar con la Administración pública, que constituye el 95% de su mercado. La Ute agradece el apoyo de los alcaldes y de cuantos confiaron en su "recta conducta ante la campaña de acoso de la patronal y de algún sindicato".
TRABAJADORES. Desde Morán-Rodríguez afirman que "confiamos plenamente en la Justicia" y en que "responda de sus actos ante la sociedad quien ha falseado datos en un documento oficial con el fin de impedir un concurso libre para mantener ilícitamente lo que perdió en dos concursos que hemos ganado o, en su defecto, cargar el coste de una reestructuración de personal (Ere) encubierta contra los fondos de otro, en este caso la Ute que represento", precisa Ángel Morán.
El presunto delito contra los derechos de los trabajadores, recogido en el artículo 312.2 del Código Penal entraría en juego con el Ere pretendido, que la Ute asegura que no tiene dinero para pagar y que provocaría su ruina.
El despido de los trabajadores sería nulo de confirmarse las aseveraciones de la Ute mariñana, ya que en todos los casos se basa en la aplicación del acuerdo de subrogación. Morán-Rodríguez presentó alegaciones al expediente el 26 de julio pasado al contrastar los datos y comprobar que el número de trabajadores superaba con creces las horas previstas en el contrato. Añade que al presentar esas pruebas, la Xunta también vio que el certificado era falso.
Los conductores inician este mes movilizaciones
Los conductores despedidos por Arriva y que debían ser subrogados por la Ute mari- ñana anunciaron la semana pasada que este mes pondrán en marcha un calendario de movilizaciones porque "con nuestro puesto de trabajo 'blindado' seguimos en la calle". Los trabajadores reclaman la readmisión en Arriva mientras que no se esclarezcan las posibles responsabilidades, dado que "parece que hizo un Ere encubierto. No hay derecho a que paguemos los de siempre".
