El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha insistido este viernes en la necesidad de "mantener la presión sobre Alcoa para que se siente a negociar sobre el futuro de la planta de San Cibrao", y para ello considera "fundamental la unidad de acción alcanzada por el Gobierno de España, Xunta de Galicia y trabajadores".
De hecho, en declaraciones a los medios de comunicación, Losada ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "la Xunta se haya incorporado a ese frente común", a su juicio "esencial" para "solucionar el actual problema generado exclusivamente por Alcoa".
Por ello, ha trasladado su agradecimiento al presidente de la Xunta "por cerrar filas junto al Gobierno de España y los trabajadores". "Ha costado mucho, pero le agradezco que haya rectificado de tal manera que ahora todas las administraciones, junto con los trabajadores, lucharemos unidos para que Alcoa permita mantener la actividad industrial", ha asegurado.
Con este mismo objetivo, considera fundamental también "mantener la presión sobre la empresa".
En ese contexto ha enmarcado la decisión del Ministerio de Industria de reclamar a Alcoa la devolución de 50 millones de euros concedidos en ayudas del CO2, así como la propia decisión de la Xunta de declarar esencial y estratégico el sector electrointensivo.
El delegado ha recordado, además, que el Gobierno ha trabajado para conseguir un acuerdo poniendo sobre la mesa todas las posibilidades jurídicas y legales que nos permite el Estado de Derecho y las indicaciones de las Unión Europea.
AMENAZA DE INTERVENCIÓN. Por su parte, el portavoz de la plataforma que agrupa a los trabajadores de las empresas auxiliares de Alcoa, Kike Rocha, ha valorado positivamente la presión ejercida en las últimas horas sobre la multinacional con el objetivo de que venda la planta de San Cibrao, pero opina que lo único que puede llevarla a dar ese paso es la amenaza real de una intervención pública de la planta.
Rocha hizo estas declaraciones a Efe después de que Industria le solicitase a Alcoa los 50 millones en ayudas y de que el Consello da Xunta de Galicia declarase esencial y estratégico el sector electrointensivo gallego.
"La mayor presión que pueden hacer es decirles directamente que si no venden la planta, que la van a intervenir, que la van a nacionalizar para después venderla", dijo Rocha.
"Una presión económica que les haga devolver dinero, claro que es una presión. Es una multinacional que está para ganar dinero, pero no creo que sea decisiva para obligar a Alcoa a vender", insistió.
Desde su punto de vista, la Administración tiene que hacerle ver a Alcoa que está dispuesta "a intervenir la planta", a "sacarla de su poder" para "vendérsela a Liberty, que es el inversor interesado en comprarla".
