La limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías urbanas, que entra en vigor este martes, genera criterios divergentes a la hora de señalizar la reducción. La mayoría de los concellos optan por colocar las señales de límite de velocidad únicamente en las entradas y en las calles de mayor tránsito. Por su parte, las policías locales y las brigadas de obras colaboran para su ubicación.
Ribadeo ya colocó ayer las nuevas señales en las entradas para limitar a 30 por hora toda la zona urbana. Solo en unas pocas calles estrechas o empinadas, el límite quedará en 20, tal y como pasa en San Francisco o en la zona de la guardería.
En Foz apuestan igualmente por adaptarse estrictamente a la ley y solicitaron señales para limitar a 30 toda la zona urbana, como ya sucedía en el muelle o las cercanías de los colegios. Ese límite será general, salvo en las vías en que comparten plataforma los vehículos y los peatones, como la Avenida da Mariña o Álvaro Cunqueiro, que ya están restringidas a 20 por hora, mismo límite que regirá en Paco Maañón o Rúa da Constitución. El alcalde, Fran Cajoto, considera importante reducir la velocidad en la recta de Forxán, que pasará a 50 al incrementarse la población en esa zona.
Con el ánimo de reducir la velocidad también colocaron recientemente badenes en otros puntos de la localidad. "O criterio da DGT é afianzar a tendencia dos últimos anos nas zonas urbanas, o que permite que as consecuencias dos atropelos sexan menos graves", indica. Cajoto cree además esencial acostumbrarse a estacionar en los aparcamientos disuasorios. "Foz é unha vila cómoda para achegarse a pé e as distancias son reducidas", subraya.
Burela limitará igualmente a 30 por hora las vías de sentido único en zona urbana, pero dejará a 50 la avenida Arcadio Pardiñas que atraviesa la localidad. Señalizarán a 30 Camiño Real, Marqués de Sargadelos, Torrentes, Suafonte, Rúa do Mariñeiro, Rúa Candela y el tramo de la Rúa Vilaestrofe hasta la Rúa do Can.
Los agentes municipales revisan en Viveiro todos los viales. La alcaldesa, María Loureiro, entiende que no es necesario señalizar algunos viales que ahora no tienen indicativos, ya que la limitación entra en vigor de manera automática. "La Policía Local preparó un informe, son muchas vías y señales, se necesita una previsión de gasto, aunque estamos analizando con las administraciones competentes si señalizar las travesías. Podría ser que alguna esté a 50 y que la haya que reducir a 30". El concello tiene una señal de 10 kilómetros por hora en la pista de Alboy, en Area.
En O Vicedo, A Pontenova, Xove, Lourenzá, Barreiros, Mondoñedo y O Valadouro
entienden que la limitación regirá en las zonas urbanas y creen válido situar solo señales en las entradas.
DEMANDA. Empresas como el grupo Dissolquim, con sede en Guitiriz y unos 130 clientes de concellos de Lugo y A Coruña, notó en las últimas semanas un incremento notable de la demanda de señalética específica, según confirma su gerente, Miguel Ángel Villarquide, quien explica que "a maioría piden sinais para as entradas e debaixo colocan unha praca que indica que afecta a todo o casco urbano".
El empresario reconoce que existen diferencias de criterios entre los alcaldes. "Algúns como son nacionais, tipo travesías ou variantes, queren deixalas a 50 por hora, a ver se Tráfico está dacordo. Penso que o máis económico para os concellos é poñelas só nas entradas principais a cada pobo, logo tamén haberá que quitar as antigas. Algúns concellos solicitan os sinais rúa a rúa, segundo o tránsito, hai un limbo", comenta. Quienes hayan sido previsores dispondrán de las mismas pronto, pero Villarquide ya advierte que en este momento tienen un plazo de entrega de 15 días.
PRECIOS. El coste de cada señal depende de varios factores. En concellos del interior colocan indicativos metálicos con poste galvanizado rectangular de tres metros que sale todo por 120 euros, mientras que en la costa demandan aluminio al ser menos corrosivo al salitre y al viento nordeste. Cuestan 220 euros.
Otros concellos solicitan señales luminosas que se conectan a la red eléctrica pública o con placas solares y salen por 1.500 euros.
