Los juzgados vivarienses cerraron el año 2018 con más de 3.000 asuntos civiles pendientes según los datos estadísticos enviados al Consejo General del Poder Judicial y hechos públicos por dos funcionarios, David Díaz y Marco López, representantes del juzgado de la violencia sobre la mujer de Viveiro en la mesa local contra la violencia de género, quienes dicen que la acumulación de asuntos "afecta con especial crueldade ás vítimas" de esta lacra que instan el procedimiento civil de divorcio para "desvincularse do agresor".
Explican que en este tipo de expedientes se resuelven de forma definitiva cuestiones como la atribución del domicilio familiar, el establecimiento de un régimen de custodia o la concesión de una pensión a favor de los menores y que en los expedientes de ejecución forzosa de las sentencias que se incumplen el juzgado de violencia sobre la mujer suele acordar el embargo del salario de los progenitores obligados al pago de una pensión cuando incumplen su deber.
Los funcionarios achacan este "retraso astronómico nas causas xudiciais" al incumplimiento por parte de la Xunta del acuerdo que puso fin a la huelga de más de cien días en los juzgados, publicado en el DOG el 30 de mayo, un plan de actuación por objetivos que pretendía recuperar al menos el 80% del trabajo atrasado a consecuencia de la citada huelga. "O plan deberíase ter posto en marcha inmediatamente despois da súa sinatura pero pola contra en Viveiro tivemos que agardar case seis meses para que se iniciara un pseudoplan" que, según dicen, consistió en recuperar "20 horas de traballo" de las más de 1.000 que no se realizaron durante la huelga "pero que tampouco se cobraron", apostillan, al tiempo que recuerdan que "a minoración nas nóminas dos traballadores da Xustiza por causa da folga supúxolle á Administración galega un aforro de máis de tres millóns de euros".
Estas 20 horas de las que según dicen constó el plan de actuación en Viveiro supusieron la recuperación "de menos do 10% do traballo atrasado, moi lonxe do 80% comprometido polo Goberno da Xunta". Añaden que ahora los dos juzgados de Viveiro padecen "as terribles secuelas dunha deficiente xestión política sostida no tempo, tanto no referente ao incumprimento do acordo do Consello da Xunta como na ausencia de reforzos de persoal ou ampliacións de xornada para o xulgado de violencia sobre a muller de Viveiro".
Los mismos funcionarios habían denunciado a final de año que los pleitos sufrían atrasos en la tramitación de hasta 18 meses, sobre todo en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2, donde el seguimiento de la huelga fue muy alto. Este es el juzgado que tiene atribuidas las competencias en violencia de género.
Recuerdan que el "incumprimento sistemático" del acuerdo afecta a un partido judicial que suma más de 45.000 habitantes en siete municipios que aparte de Viveiro son Ourol, O Vicedo, Xove, Cervo, Burela y Foz.
