La asociación de jubilados y pensionistas de Foz dirigió esta misma semana un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de que interfiera "ante el atropello causado por uno de sus alcaldes gallegos, Francisco Cajoto", al que acusan de "maltratarnos" por no facilitar que el colectivo recupere su local social en el puerto focense.
En la misiva, el presidente de la entidad, José Severino Vaz, le explica al mandatario español los motivos de una queja que arrastran desde el año 2016, "en que nos dejaron sin local con la excusa de cerrar el edificio para repararlo". Un inmueble, recuerda, que la entidad donó en 1993 al Concello de Foz, "con la condición de que los jubilados tendríamos en el edificio un local y bar disponible para hacer nuestras actividades".
Así fue hasta hace un tiempo, explica, pues "una vez reparado en vez de devolvernos el local se le entregó a otra asociación llamada Virgen del Carmen, que nada tiene que ver con los jubilados de Foz" y que según asegura Vaz "llevan meses sin usar, mientras que nosotros tenemos que dar las clases de pandereta en la calle", se lamenta.
También se queja del abandono al que dice les somete el gobierno de Foz, pues "las parroquias están provistas de bar y local totalmente costeados por el Ayuntamiento" y considera que la aprobación del presupuesto "es una excusa que nos ponen, porque el Concello tiene una brigada de obras que podían hacer las mejoras necesarias", avanza. "No recibimos del alcalde más que promesas basadas en unos presupuestos que no terminan de traer a pleno y mientras tanto los jubilados de Foz seguimos a la intemperie", lamenta.
Un "atropello" contra el que se rebelan, pues tienen las escrituras de donación ante notario "en las que están bien claros nuestros derechos" ganados, recuerda, tras la cesión de un edificio de dos plantas y con un bajo de más de 500 metros cuadrados, "valorado en su día con un coste de unos 50 millones de pesetas".
Unos documentos con los que no dudan que ganarían de presentarlos ante un juzgado. "No quisiéramos tener que llegar ante la ley para solucionarlo y preferimos hacerlo de manera amistosa porque así todos ganaríamos", reza en el final del escrito remitido a La Moncloa.
Una carta que se suma a otras campañas puestas en marcha, como la denuncia con carteles que realizaron la pasada semana en el mercado o la cacerolada que proponen para agosto si la situación sigue sin una solución favorable para el colectivo.
