La inspección efectuada por profesionales de la judicatura del Consejo General del Poder Judicial, enviados desde Madrid, en los juzgados de Viveiro revela la necesidad de crear un tercer juzgado en la ciudad del Landro, debido al incremento de los asuntos anuales que afecta, sobre todo, al ámbito civil.
Los datos de la jurisdicción civil para 2019 arrojan un porcentaje del 161% de saturación en la sede judicial, lo que constata que los asuntos que ingresan superan en un 61% el indicador máximo establecido CGPJ. En el campo penal, el porcentaje de entrada de casos está dentro de los márgenes establecidos por el órgano citado, aunque la tendencia es ascendente, al ser del 77% en el ejercicio referido.
Dichas cifras sitúan la actividad de los juzgados vivarienses en un estado difícil de sostener, fundamentalmente por la "grave situación" que padece la sección civil, según los datos recogidos en la inspección efectuada los días 12 y 13 del pasado mes de febrero.
La inspección, de carácter extraordinario, afectó únicamente el juzgado número 1 de Viveiro, aunque los números podrían trasladarse al número 2, dado que la oficina del decanato reparte los asuntos al 50% entre ambos.
El documento no propone soluciones ante la avalancha de demandas que anualmente desborda los dos órganos judiciales de la ciudad, dado que no es cometido del CGPJ.
ALTERNATIVAS. Los profesionales encargados del control ofrecen alternativas para tratar de aligerar la carga judicial, como la creación de una plaza específica para la oficina de reparto —decanato— y también inciden en la "preocupante progresión de entrada de asuntos que año tras año eleva la pendencia y la acumulación de procesos".
El Gobierno central aprobó en julio pasado mediante acuerdo del consejo de ministro el plan de actuación adicional al Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para afrontar la Covid-19. El mismo incluye para Galicia el refuerzo de los juzgados de lo social y mercantil, y la creación de tres nuevos órganos judiciales en A Coruña, Lugo y Vigo.
Viveiro queda una vez más olvidado al no acordarse ninguna medida para la comarca pese a la elevada carga de trabajo que soportan los juzgados vivarienses. Este hecho es considerado una discriminación, en este caso por parte de la Administración central, como antes había ocurrido con la Xunta, lo que denota falta de voluntad para resolver la saturación, según los sindicatos.
Sin embargo, los funcionarios constatan que tanto el Ministerio de Justicia como la Consellería de Xustiza requieren de manera continua informes y estadísticas sin relación con la actividad jurisdiccional. Consideran que ese trabajo burocrático añadido no ataja ni colabora para la agilización de la tramitación de los expedientes.
La situación actual está suponiendo jornadas de trabajo de doce horas para los funcionarios de la sección civil de forma totalmente altruista y sin contraprestación alguna más que la satisfacción del cumplimiento de un servicio público esencial.
SIN AMPLIACIÓN DE JORNADA. La ausencia de compromiso por parte de las instituciones se ha traducido incluso en la negativa a la simple ampliación de la jornada del personal afectado, pese a solicitarla en múltiples ocasiones, circunstancia a la que se añaden las incidencias de funcionamiento defectuoso de las herramientas informáticas aportadas por la Xunta, que convierten en habituales y casi diarios los fallos.
La reducción en el número de asuntos pendientes ha sido posible exclusivamente por el sobreesfuerzo del personal judicial, aunque en el ámbito civil está resultando imposible, debido a la tendencia ascendente de las demanda. Esto provoca que haya casos de pequeñas empresas que se ven obligadas a someterse a concursos de acreedores por falta de liquidez, debido a la tardanza excesiva de la Administración de Justicia en dictar sentencia y en ejecutar las resoluciones que les son favorables.
Los datos de la jurisdicción civil para 2019 arrojan un porcentaje del 161% de saturación en la sede judicial, lo que constata que los asuntos que ingresan superan en un 61% el indicador máximo establecido CGPJ. En el campo penal, el porcentaje de entrada de casos está dentro de los márgenes establecidos por el órgano citado, aunque la tendencia es ascendente, al ser del 77% en el ejercicio referido.
Dichas cifras sitúan la actividad de los juzgados vivarienses en un estado difícil de sostener, fundamentalmente por la "grave situación" que padece la sección civil, según los datos recogidos en la inspección efectuada los días 12 y 13 del pasado mes de febrero.
La inspección, de carácter extraordinario, afectó únicamente el juzgado número 1 de Viveiro, aunque los números podrían trasladarse al número 2, dado que la oficina del decanato reparte los asuntos al 50% entre ambos.
El documento no propone soluciones ante la avalancha de demandas que anualmente desborda los dos órganos judiciales de la ciudad, dado que no es cometido del CGPJ.
ALTERNATIVAS. Los profesionales encargados del control ofrecen alternativas para tratar de aligerar la carga judicial, como la creación de una plaza específica para la oficina de reparto —decanato— y también inciden en la "preocupante progresión de entrada de asuntos que año tras año eleva la pendencia y la acumulación de procesos".
El Gobierno central aprobó en julio pasado mediante acuerdo del consejo de ministro el plan de actuación adicional al Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes y complementarias en el ámbito social y económico para afrontar la Covid-19. El mismo incluye para Galicia el refuerzo de los juzgados de lo social y mercantil, y la creación de tres nuevos órganos judiciales en A Coruña, Lugo y Vigo.
Viveiro queda una vez más olvidado al no acordarse ninguna medida para la comarca pese a la elevada carga de trabajo que soportan los juzgados vivarienses. Este hecho es considerado una discriminación, en este caso por parte de la Administración central, como antes había ocurrido con la Xunta, lo que denota falta de voluntad para resolver la saturación, según los sindicatos.
Sin embargo, los funcionarios constatan que tanto el Ministerio de Justicia como la Consellería de Xustiza requieren de manera continua informes y estadísticas sin relación con la actividad jurisdiccional. Consideran que ese trabajo burocrático añadido no ataja ni colabora para la agilización de la tramitación de los expedientes.
La situación actual está suponiendo jornadas de trabajo de doce horas para los funcionarios de la sección civil de forma totalmente altruista y sin contraprestación alguna más que la satisfacción del cumplimiento de un servicio público esencial.
SIN AMPLIACIÓN DE JORNADA. La ausencia de compromiso por parte de las instituciones se ha traducido incluso en la negativa a la simple ampliación de la jornada del personal afectado, pese a solicitarla en múltiples ocasiones, circunstancia a la que se añaden las incidencias de funcionamiento defectuoso de las herramientas informáticas aportadas por la Xunta, que convierten en habituales y casi diarios los fallos.
La reducción en el número de asuntos pendientes ha sido posible exclusivamente por el sobreesfuerzo del personal judicial, aunque en el ámbito civil está resultando imposible, debido a la tendencia ascendente de las demanda. Esto provoca que haya casos de pequeñas empresas que se ven obligadas a someterse a concursos de acreedores por falta de liquidez, debido a la tardanza excesiva de la Administración de Justicia en dictar sentencia y en ejecutar las resoluciones que les son favorables.
