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Industria propone a Alcoa esperar dos meses al fallo del Ere: "Ahorraría costes"

<p>Decenas de trabajadores de <strong>Alcoa </strong>San Cibrao se han concentrado este miércoles al mediodía en la entrada principal al complejo industrial ubicado en la comarca de A Mariña de Lugo para reclamar una solución que permita garantizar la producción y los puestos de trabajo en la fábrica de aluminio primario, justo el mismo día en el que se celebra en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la vista para evaluar la <strong>suspensión cautelar del Ere</strong>.</p> <p>En respuesta a una convocatoria del comité de empresa, los trabajadores empezaron a concentrarse poco antes de la una del mediodía en las inmediaciones del campamento montado en la entrada principal a la fábrica, cuya plantilla está en <strong>huelga indefinida </strong>y controla los accesos para evitar la salida de aluminio del complejo industrial.</p> <p>Los trabajadores formaron <strong>barricadas con ruedas </strong>y luego les prendieron fuego, al tiempo que reclamaban, una vez más, una intervención pública de la planta y la implementación de un marco estatutario que permita establecer un precio competitivo de la energía para los consumidores electrointensivos como Alcoa.</p> <p>Volvieron a escucharse consignas habituales como 'Energía, solución', 'La solución, una intervención', 'Madrid, escucha, la Mariña está en lucha o 'A Mariña se salva, luchando'.</p>

Alcoa alega "pérdidas severas" para no paralizar el Ere en San Cibrao

 

El Ministerio de Industria ha propuesto este miércoles en sede judicial a Alcoa que no proceda a los despidos anunciados en San Cibrao y espere dos meses hasta que se dicte sentencia sobre las medidas cautelares previas al Ere porque los costes que le podría suponer "no serían un gran quebranto económico sino todo lo contrario". 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acogido durante casi nueve horas la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas a un Ere que afectaría a más de 500 trabajadores de la fábrica de San Cibrao. 

En el procedimiento han intervenido como demandantes los sindicatos CCOO, UGT y CIG, y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L.; la Consellería de Economía y el Ministerio de Industria han sido partes interesadas y además han comparecido varios trabajadores, peritos y consultores. 

"Si Alcoa gana el pleito y no se adoptan las medidas se estarían produciendo pérdidas de un millón de euros a la semana, ocho millones en dos meses", ha explicado el abogado del Estado en sus conclusiones citando datos sin contrastar ofrecidos por la multinacional del aluminio. 

Pero "si perdiese las medidas cautelares le supondría un ahorro del coste del rearranque de las máquinas", que la compañía cifra en unos 35 millones en cinco meses, es decir, 14 millones en dos meses, lo que reduciría los costes casi a la mitad. 

Por ello, Industria defiende que la medida cautelar es "adecuada para el caso y proporcionada en términos económicos", y además "favorece la venta en el sentido de que solo con cubas en funcionamiento puede existir oferta de terceros interesados". 

Además, ha descartado la posibilidad de intervenir Alcoa en el sentido de "expropiar o nacionalizar" y ha ofrecido su "mano tendida" a los trabajadores y a la multinacional para lograr una "solución pactada y negociada" al conflicto. 

"Es cierto que el término de intervención puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo de expropiación o nacionalización" -como se ha pedido desde distintas instancias-, pero estas son "opciones que no se están poniendo aquí encima de la mesa y no son objeto de este procedimiento", ha aclarado el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición de Gobierno y Xunta para que vendiera la planta y que, ha avisado, atenta contra el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa. 

El letrado ha sostenido que este derecho no se reconoce en el ordenamiento jurídico español "en abstracto" sino que en la Constitución Española se recoge el derecho de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, por lo que "el marco es importante en cuanto a la forma y el ejercicio de esa libertad de empresa". 

ALCOA. La representación legal de la multinacional Alcoa ha apelado a la existencia de "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de San Cibrao, para paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo (Ere) para 524 trabajadores. 

La cautelar pide, en concreto, la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la Sepi (sociedad estatal de participaciones industriales) y "subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme". 

En su exposición ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada –Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L– ha cifrado en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. "En las que no está incluido el impacto de la huelga", ha precisado sobre las protestas de los trabajadores. 

"Hay una causa estructural", ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un "capricho". "No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí", ha añadido sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra ha cuestionado. 

Otro de los argumentos a los que ha aludido ha sido el coste energético y la falta de un estatuto electrointensivo. "El 40% de los costes total de la planta, entre 10 y 17 millones de euros cada mes", ha cuantificado.

INTERVENCIÓN DE LA PLANTA. A la cuestión de la intervención o administración judicial de la planta por parte de la Sepi, se ha referido el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Industria. En su intervención, no ha considerado "adecuado" plantear una medida "de este calibre" por no estar en el procedimiento representada la SEPI, de la que ha dicho que es "una entidad con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración General del Estado" 

"No es la más adecuada y la que mejor se ajusta al caso", ha dicho en base a este argumento. Con todo, ha trasladado el ofrecimiento del Ministerio de Indutria para buscar una solución "pactada" al conflicto entre las partes en su condición de "mediador cualificado". 

Y es que, sobre la intervención, el letrado ha precisado que es un término que "puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo o de expropiación o de nacionalización", pero ha apuntado que son "opciones" que "no son objeto de este procedimiento". "No parece adecuado que se adopte una medida de este calibre sin oirla previamente", ha dicho sobre la Sepi.

SITUACIÓN DE LAS CUBAS. La situación de las cubas y el precio de la energía han centrado parte de las intervenciones de las partes y de las testificales. El representante de la multinacional ha manifestado que son "el foco fundamental de las pérdidas". "Pérdidas de más de un millón de euros por semana", ha expuesto sobre unas cifras respaldadas por los peritos aportados por esta parte y cuestionadas por los de los sindicatos. 

La "mala fe", planteada por los demandantes, ha sido otra de las cuestiones tratadas. A ella, se ha referido, en su declaración como testigo, el presidente del comité de empresa de la fábrica, José Antonio Zan, quien acusó a la multinacional de "mentir desde el primer momento". 

"Ocultación", ha resumido, a su vez, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, sobre el procedimiento de la empresa en las negociaciones y al ser preguntado por la información facilitada cuando Liberty House se interesó en comprar la fábrica y hacerlo con las cubas en funcionamiento. 

"Hubo un entorpecimiento al proceso", ha expuesto en línea con lo manifestado por el presidente del comité de empresa, quien, como otro trabajador que ha declarado, ha cuestionado que pueda retomarse la actividad de las cubas con normalidad una vez que se paralice las mismas, aludiendo a cuestiones como la falta de inversiones en 20 años.

ESTADO Y XUNTA. A ello, se ha referido también el abogado del Estado quien ha cuestionado que el rearranque de las mismas pueda producirse "con la misma calidad o el mismo nivel productivo". "Un simple trágala por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores", ha añadido el letrado de la Xunta sobre las negociaciones.

REARRANQUE. Por su parte, el ingeniero de Minas Joaquín Fernández, jefe de tecnología de operación de electrólisis en Alcoa, ha estimado este miércoles en un máximo de 40 millones de euros lo que costaría el rearranque de la planta si se produce una hibernación o parada que, si fuera óptima, se quedaría en 35 millones de euros.

Este ingeniero, que ha comparecido en A Coruña en la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas al despido o Ere de trabajadores de la fábrica de Alcoa en San Cibrao, ha presentado las principales conclusiones de un documento sobre las operaciones ante una eventual parada de cubas para rearrancarlas, así como el presupuesto de coste para una fábrica como la lucense.

Según ha explicado, existen procesos para la hibernación y futura arrancada de una planta y no se requeriría maquinaria especial o distinta de la que actualmente hay en la fábrica lucense, se trata únicamente de una "cuestión económica".

Fernández, que como ha dicho ha participado en hibernaciones, paradas y rearranques en varias fábricas, ha detallado que existen distintas formas de hacerlo en función del contexto y de las expectativas para una serie de electrolisis, y si bien "lo ideal" es que sea gradual, se puede abordar también de forma rápida e instantánea o abrupta.

"Incluso se dan casos de paradas en condiciones no óptimas", como ha sido el caso, ha ejemplificado, del rearranque de la fábrica de Mostar tras la guerra de Yugoslavia, o más recientemente en una de las plantas de Alcoa en Canadá que paró de forma abrupta.

En el caso de San Cibrao, ha cifrado en 35 millones de euros el coste del rearranque si se hace una hibernación óptima, cantidad que incluye la puesta a punto de equipos, limpiezas, acondicionamiento de las cubas, mano de obra, energía para el arranque y cubas "que mueran prematuramente" y que habría que reponer.

Pero si no se da este escenario óptimo, habría ciertos gastos adicionales en función de la estimación de vida de las cubas y la cantidad que moriría prematuramente, entre otros factores, lo que implicaría una cantidad adicional de 5,3 millones de euros.

El ingeniero, que ha dicho desconocer caso alguno de una planta que no se hubiera podido rearrancar una vez parada, ha indicado también que "hay personal capacitado" en Alcoa para rearrancar la planta lucense.

VALORACIÓN DEL COMITÉ. Tras la sesión celebrada en la jornada de mañana, el presidente del comité de empresa de San Cibrao ha considerado un "fracaso como país" que se haya tenido que recurrir a los tribunales. 

Así, ha denunciado la "inacción de dos gobiernos –en referencia a Xunta y Gobierno central– que son los que tienen que intervenir la empresa", ha vuelto a pedir. "Y decir basta ya a Alcoa", ha argumentado convencido de que les concederán las medidas cautelares planteadas. "No se puede tirar al cubo de la basura todas las propuestas", ha dicho sobre las opciones de venta. 

Industria propone a Alcoa esperar dos meses al fallo del Ere:...
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