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Hacienda, obligada a recalcular a la baja la multa de 112 millones a Alcoa

Vista de la fábrica de Alcoa en San Cibrao. AEP
Vista de la fábrica de Alcoa en San Cibrao. AEP

Según la compañía, podría quedar reducida a menos de la mitad

La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso de la siderúrgica estadounidense Alcoa contra la reclamación de 112,7 millones de euros por supuesto fraude fiscal, y ha obligado a Hacienda a que realice una nueva liquidación que, según la compañía, podría quedar reducida a menos de la mitad.

Para la sala de lo Contencioso-Administrativo, el primer cálculo de Hacienda no es válido al obviar que la sociedad, la cual cuenta en España con plantas en La Coruña, San Ciprián (Lugo) y Avilés (Asturias), se dedujo legalmente entre 2006 y 2007 las bases negativas de ejercicios anteriores por un importe superior a los 194 millones de euros.

Entre las dudas del fisco, surgidas a raíz de la inspección en una de las filiales de la compañía Alcoa Inversiones, se encuentra la deducción de gastos financieros derivados de adquisiciones por medio de préstamos de otras sociedades del grupo con sede en países de fiscalidad reducida.

En su último informe semestral remitido el pasado 2 de agosto a la Comisión del Mercado de Valores (SEC), organismo regulador de Estados Unidos, el gigante cifraba entre 21 y 53 millones de euros la cuantía de la reclamación, una vez considerado el criterio del tribunal y los créditos fiscales.

De esta cantidad, Alcoa tendrá que abonar cerca del 50 %, mientras que el resto será responsabilidad de Arconic, empresa especializada en el negocio aeroespacial y automotriz surgida de la escisión del grupo en 2016 y que actualmente integra a Alcoa Inversiones.

A pesar del plazo de 30 días habilitado por la sala para que las partes puedan recurrir ante el Tribunal Supremo, la sociedad "espera registrar un cargo de 30 millones de dólares (26 millones de euros)" en el tercer trimestre de 2018.

Al margen de dicho procedimiento, a finales de 2016, la Audiencia Nacional anuló una primera multa por valor de 116 millones de euros en relación con el impuesto de sociedades de los ejercicios 2003, 2004 y 2005 al entenderlos prescritos.

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