La Fiscalía recurre la sentencia que absuelve al alcalde de Barreiros por prevaricación urbanística 

Sostiene que "no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas" sobre la concesión de 44 licencias en el año 2006 

Alfonso Fuente Parga. ELISEO TRIGO
photo_camera Alfonso Fuente Parga. ELISEO TRIGO

La Fiscalía de Lugo ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia absolutoria dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo favorable al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, y otros cinco concejales que formaban la junta de Gobierno Local en 2006 y a la entonces arquitecta municipal, por un caso de delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados por la concesión, durante ese año, de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas. 

El Ministerio Público, según informa en un comunicado remitido este viernes, sostiene que "no se han valorado adecuadamente las pruebas no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas, especialmente los informes favorables de los proyectos firmados por la arquitecta municipal, también procesada, que constituyen una base fundamental de la acusación". 

Asimismo, asegura que en el fallo "se omite la valoración de servicios y situación del suelo" en el municipio de la Mariña lucense en el momento de la concesión de las licencias, por lo que reclama la nulidad de la sentencia. 

SENTENCIA. La sentencia, absuelve a Fuente Parga, los cinco ediles y la entonces arquitecta municipal del delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados porque el juez entiende que existen "ciertas dudas" sobre si la actuación de los sospechosos fue "totalmente legal o ajustada a la legislación vigente". 

En este sentido, el magistrado subraya en su fallo que no ha quedado acreditado que estuviese "desprovista de toda interpretación razonable del ordenamiento jurídico aplicable a la materia sobre edificación y planeamiento existentes en el Ayuntamiento de Barreiros". 

Asimismo, la sentencia señala que la actuación de los imputados tenía "cierta apoyatura legal" ya que "cabía entender la posibilidad de encontrarse ante suelo consolidado" debido a la existencia de "redes de servicios y suministros en las parcelas, de modo que pudieran adquirir la condición de solares con obras accesorias". 

Además, el juez sostiene que de la prueba practicada no se ha probado "con una claridad meridiana" que los acusados actuasen "a sabiendas de la injusticia que cometían a la hora de aprobar las licencias". 

Así, destaca que se encontraban ante "informes técnicos favorables en todos los casos y jurídicos favorables o confusos, salvo en un par de casos que eran claramente desfavorables, o sin informe jurídico". 

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