La representante del ministerio fiscal confirmó, antes de iniciar la lectura de sus conclusiones definitivas en el juicio para esclarecer la existencia de supuestas irregularidades en la concesión de 44 licencias de obra para construir 3.500 viviendas en el municipio de Barreiros —en el año 2006—, su intención de mantener la misma petición de pena que formuló en el escrito de calificación para los acusados. En ese sentido, confirmó que, después de cuatro días de juicio y de escuchar el testimonio de los procesados y de los testigos, mantendrá una petición de pena de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el regidor local de Barreiros, Alfonso Fuente Parga.
Por su parte, la letrada Montserrat Calvo, que ha ejercido en este proceso la acusación particular en nombre de Adega, confirmó su intención de mantener también la misma petición de pena que formuló en sus conclusiones provisionales, o lo que es lo mismo, un año de cárcel por cada uno de los supuestos delitos que se imputan. Montse Calvo explicó que pedirá esos cuarenta y cuatro años de cárcel, porque entiende que no se produjo "un delito continuado" en la actuación del alcalde, de los demás concejales y de la arquitecta municipal, sino que en cada una de las licencias de obra concedidas actuaron ilícitamente de forma independiente.
En las tres jornadas previas de juicio numerosos testigos prestaron testimonio, entre ellos la propia secretaria municipal, a quien el alcalde culpó de esta situación por no haber informado convenientemente la concesión de licencias. También declararon constructores y responsables de la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), quienes ratificaron sus informes e insistieron en que con las condiciones que había en el municipio no podían haberse aprobado las licencias, porque el ayuntamiento carecía de los servicios necesarios.
Según la letrada que representa a Adega, "resulta muy poco verosímil la estrategia de defensa del alcalde y de los concejales al decir que no se enteraban de nada. De que la secretaria los engañó y los traicionó, sin que quedase probado cuál era la intención de la secretaria con ese engaño". "No resulta ni creíble", dijo la abogada, quien también recordó que, de hecho, "siguen manteniendo la misma actitud y dicen que con la secretaria que tienen ahora siguen haciendo lo mismo. Se fían de lo que ella les dice y no consultan los informes".
"Me remito a las declaraciones que hacía el alcalde en aquella época", porque venía a decir, recordó la abogada, que "si los informes no eran convenientes" para aprobar las licencias "buscarían otros externos", porque "ellos eran los que decidían".
Por su parte, el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, insistió en su inocencia y se mostró confiado en que haya quedado probada en el transcurso de la vista oral. "Ahora hay que esperar", dijo Fuente Parga, quien en todo caso destacó el hecho de que al menos la celebración del juicio ha puesto fin a una etapa de incertidumbre. "Sí, son muchos años. Lo que queremos es terminar con esto. Nada más", zanjó.
Junto a Fuente Parga figuran como investigados otros cinco ediles que formaban parte de la junta de gobierno en el año 2006, así como la arquitecta municipal, en total siete personas que se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por la supuesta concesión irregular de esas licencias en pleno bum de la construcción en el municipio mariñano.
