La familia de la fallecida en As Catedrais en 2018 seguirá su lucha en un Contencioso-Administrativo

No aceptan el archivo de la causa por vía penal y aunque no quieren indemnización, sí que se reconozcan responsabilidades
Visitantes, entre las rocas de As Catedrais. JOSÉ Mª ÁLVEZ
photo_camera Visitantes, entre las rocas de As Catedrais. JOSÉ Mª ÁLVEZ

La familia de Irene Baladrón Zorita, la joven que falleció en la Semana Santa de 2018 en la playa de As Catedrais tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza, continuará reclamando en los tribunales que se reconozca alguna responsabilidad en las causas del fallecimiento de la joven. Una vez cerrada la vía penal, ahora plantearán un recurso contencioso-administrativo contra la Xunta de Galicia, que era la administración que ordenó regular los accesos al arenal, así como contra la empresa Estudios Técnicos Topysa, responsable directa de la contratación y ordenación del personal que llevaba a cabo esa función.

Bajo su punto de vista, tanto la Xunta como la empresa actuaron de forma negligente al no advertir convenientemente a los visitantes de que había un peligro cierto de desprendimientos en la playa.

Añaden algunos factores puntuales a la falta de información generalizada que ellos detectan, como por ejemplo que los encargados del control de los accesos no hicieron ninguna indicación a los visitantes aquel día, incluso después de que hubiesen sido advertidos por otros visitantes de la playa de que se estaban produciendo desprendimientos.

También dicen que no se tuvo en cuenta otra circunstancia a mayores, como que hacía muy pocos días que la zona había sido víctima del paso del temporal bautizado como ‘Hugo’, que entienden que pudo afectar a la estabilidad de las rocas en la playa.

La familia cree que se debió de advertir a los visitantes del peligro de desprendimientos

Los familiares de la joven aseguran que no tienen ningún interés en determinar la cuantía de indemnización alguna en este caso, sino tan solo el reconocimiento de que existió una responsabilidad ante la falta de información a los visitantes del arenal ribadense de lo que ellos consideran que era una situación potencialmente peligrosa.

Irene Baladrón Zorita falleció el 31 de marzo de 2018 y unos meses después su familia inició un proceso por vía penal que fue sobreseído en el que solicitaban la calificación de los hechos como un homicidio por imprudencia con especial falta de negligencia en los vigilantes del arenal.

Ahora lo intentarán en un tribunal distinto para "que la justicia dé por sentado que fallaron las medidas de seguridad" y que ese fallo tuvo como consecuencia el fallecimiento de la joven.

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