El proceso judicial a raíz de la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social por una reparcelación aprobada por el Concello de Cervo el 25 de enero del 1991 en el área de actuación de O Campón de Burela donde se ubicó el Hospital da Costa, sigue adelante. El organismo estatal alega que era propietaria parcial de un inmueble y se omitió adjudicarle parcela alguna al modificar definitivamente el plan de urbanismo. La cuantía de la pérdida la estima la TGSS en 1.857.759 euros, indemnización que el Concello de Cervo rechaza pues habían valorado el terreno en 537.234 euros.
En su día, el Ayuntamiento de Cervo indicó además que no podría exigírsele porque no es el causante de la inejecutabilidad de la sentencia, ni ha obtenido ningún beneficio de la gestión urbanística del ámbito, ya que las fincas resultantes se encuentran en el término municipal de Burela. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo acordó en primera instancia el 27 de marzo del pasado año el archivo definitivo de las actuaciones iniciadas en un procedimiento del 2010 pero ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por la TGSS "revocando la sentencia del juzgado y ordenando la continuación del incidente de ejecución para determinar la cantidad que, con arreglo a los parámetros señalados, debe ser indemnizada la ejecutante por imposibilidad de cumplimiento de la sentencia en sus propios términos".
No obstante, cabe recurso de casación ante el tribunal herculino porque el Concello de Cervo, que en su día se opuso a la petición de ejecución de la sentencia promovida por el organismo estatal, aduce la imposibilidad de hacerlo pues toda la reparcelación se encuentra actualmente en el término de Burela, lo que le impide reiniciar el proceso. La TGSS admite dicha circunstancia una vez que ambos municipios se segregaron en 1994 pero reclama una indemnización sustitutoria.
AL CONCELLO DE BURELA. Tras decretarse la nulidad del proyecto de reparcelación de los terrenos afectados, en el recurso promovido desde el Concello de Cervo se considera que, de acuerdo con la ley, produce efecto para todas las partes afectadas, por lo que la Tesorería debería requerir al Concello de Burela para que lleve a cabo las actuaciones oportunas y exigirle la compensación por la privación de que fue objeto.
En su día el ayuntamiento cervense incidió en la inejecutabilidad de la sentencia que lo condenaba a retrotraer un expediente de reparcelación, y que la TGSS no podía arrogarse funciones de entidades locales en este sentido. La Tesorería incluso negó conocer el proyecto de las obras en la zona y aunque en 2007 promovió una reivindicación en los juzgados de Lugo, desistió de la misma.
En su argumentación al estimar en parte los argumentos del demandante, el TSXG indica que para la ejecución de la sentencia podrían hacerse cálculos en base "a un porcentaje del 50% del valor de la finca que resulte de los parámetros que el propio proyecto de reparcelación contemplaba, por resultar estos más ajustados que cualquier otro que pueda establecerse en la actualidad".
Expropiación forzosa
De progresar finalmente el pleito con el Concello de Cervo, el tribunal apunta que podrían aplicarse criterios de valoración de la finca expropiada relativos a 1991.
3.238 m2
Era la superficie que ocupaba la parcela propiedad de la TGSS y que como resultado de la reparcelación del lugar, pasaron a ser dos de 570 y 544 metros cuadrados, quedando el resto integrada en viales y el Parque Campón.
