La caja de conexión de telecomunicaciones de fibra óptica situada en la Rúa do Porto de Celeiro (Viveiro), en la fachada de una vivienda ubicada frente a la cofradía de pescadores Santiago Apóstol, apareció el domingo por la mañana con los cables cortados, igual que ocurrió hace justo una semana. Es el segundo día que sucede lo mismo.
Algunos vecinos de la zona afirman haber visto a un individuo subido a una escalera apoyada contra la pared manipulando la caja hacia las nueve menos cuarto de la mañana. El sabotaje podría afectar también a particulares que residen en la calle mencionada, a los que este corte puede privar de conexión y comunicación con el exterior por vía telefónica y mediante la fibra óptica conectada a la caja que resultó dañada.
La semana anterior quedó sin servicio de internet y de teléfono la cofradía de pescadores de Celeiro, debido a que el corte afectó al cableado de R, compañía cuyos técnicos señalaron que también habían cortado cables de Movistar. A expensas de que lo confirmen los servicios de reparación de la empresa, es probable que en esta ocasión haya ocurrido lo mismo, lo que ampliaría el número de usuarios de la zona que se encuentran afectados por dicha acción.
PARALIZACIÓN. Este acto de vandalismo paraliza por completo la actividad de la entidad pesquera, que la vez anterior estuvo casi dos días sin servicio -domingo y lunes-, dado que los técnicos tardaron unas horas en subsanar el corte mediante la reposición del cableado al encontrarse prestando otro servicio.
Esto supone graves perjuicios para el trabajo habitual de la cofradía, ya que impide prestar los servicios habituales a los socios del sector pesquero a quienes representa, puesto que le priva de correo electrónico, notificaciones electrónicas e imposibilita el acceso a actas y tramitar despachos o cambios de artes.
Desde la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro no descartan reclamar daños y perjuicios a la compañía, que a su vez debería reclamarlos al presunto autor de los hechos. Además, la entidad se plantea el inicio de acciones legales, en caso de que las mismas procedan, aunque entiende que son las empresas afectadas las que deben adoptar las medidas que consideren oportunas para que los responsables del sabotaje se hagan cargo del coste de los daños a la instalación y a los usuarios afectados.
