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La continuidad de Alcoa exige más medidas que el estatuto eléctrico

Con la fábrica de San Cibrao en números rojos y un panorama de elecciones que ralentizará las medidas que ayuden a mejorar la competitividad industrial, los trabajadores y la dirección de Alcoa esperan este martes alguna señal política que permita despejar el futuro de la fábrica y los empleos. De nuevo, el problema: el precio de la energía

Chimenea de Alcoa. EPLA VISITA conjunta del presidente de la Xunta y de la ministra de Industria a la fábrica de Alcoa debería escenificar este martes la voluntad inequívoca de buscar soluciones urgentes para la viabilidad de la fábrica de San Cibrao y concienciar también a todas las administraciones, plantilla y vecinos de que su futuro está en entredicho. De una forma rotundamente clara, porque la empresa está ahora en pérdidas y sin perspectiva de salir de ellas en el futuro inmediato. Tanto esta presencia institucional en la que aparcar las rivalidades políticas, como la manifestación de mañana convocada en Xove, deberían marcar un punto de inflexión en un problema industrial acuciante. La factoría, y la comarca de A Mariña entera, se encuentran ante un atolladero influido por el atasco político del Estado, la pésima coyuntura de los mercados internacionales del aluminio y, sobre todo, lo cara que resulta la electricidad para las empresas de gran consumo, en comparación con las tarifas finales de países como Francia o Alemania. Y esta última es la piedra de toque que habrán de pulir en unos pocos meses si se quieren mantener los puestos de trabajo en San Cibrao y la base económica de A Mariña entera. Pero hay varios factores:

1. El estatuto de empresas electrointensivas que prepara el Gobierno no es suficiente

Pese a que es una de las demandas más coreadas en las concentraciones del comité de empresa, por sí solo no garantiza una rebaja suficiente de la factura energética como para salvar a la gran industria. Al menos con los términos que han trascendido de su borrador, que sigue el trámite en un Gobierno en funciones que pretende obtener el visto bueno de la Comisión Europea. Tal como está, ese texto normativo podría ayudar a empresas cementeras o fábricas de otro tipo en las que la electricidad supone un 5% de los costes pero no a industrias como la del aluminio donde representa el 40%. De ahí la demanda de medidas que garanticen a las firmas hiperelectrointensivas un «precio razonable» para el megavatio.

2. Otra fiscalidad aportaría credibilidad a la continuidad de Alcoa en España

Los trabajadores reclamaron el pasado viernes la presencia urgente de la ministra de Industria en San Cibrao y probablemente Reyes Maroto podrá obtener en directo otra perspectiva sobre un gran complejo industrial que lleva décadas en funcionamiento día y noche sin más pausa que los críticos momentos del desembarco de los bidones del Casón. Una gran pifia política que ningún partido debería repetir. El comité ya avisó de que un parón general de las cubas electrolíticas como entonces no tendría probablemente vuelta atrás. No obstante, el aviso de las 32 inactivas en la actualidad son solo una medida coyuntural que tanto trabajadores como empresa querrían revertir en breve. Para ello se necesitan medidas fiscales indirectas que hagan rentable la producción de aluminio primario. Pasarían quizás por no repercutir en el recibo de las electrointensivas el céntimo verde, que tampoco pagan los competidores alemanes. Ello podría rebajar unos 9 euros el precio del megavatio. En España también se les carga en la factura de las grandes industrias los costes de transporte por la Red Eléctrica de España, directamente controlada por el Estado pero con las compañías eléctricas como grandes accionistas. Quitarlo sería de gran ayuda para firmas como Alcoa. En definitiva, se necesita una rebaja importante en el precio del megavatio y no solo de un euro y pico como se barrunta ahora.

3. ¿Los pagos por emisiones de CO2 e interrumpibilidad aliviarían la situación?

Las eléctricas también cargan en la factura a sus clientes los costes de emisiones de CO2, cuyo mercado mundial de derechos está ahora preso de la especulación. El incremento anunciado por el Gobierno en los fondos de compensación para mantener la competitividad industrial ha sido bienvenido. Su cobro inmediato ayudaría pero ello exige mantener la actividad al menos por tres años, algo inviable en Alcoa en las actuales circunstancias. Además, por sí solo no despejará las incógnitas sobre la viabilidad industrial. Lo mismo ocurre con el mecanismo de compensación de la interrumpibilidad que en breve debería salir a subasta para el 2020. Que su remuneración se mantenga en niveles razonables es fundamental porque ya en las últimas convocatorias el precio que obtuvo Alcoa por estar en disposición de desenchufarse para mantener el abastecimiento ciudadano fue muy inferior al de otros años.

4. ¿Por qué ahora la fábrica de San Cibrao corre mayor peligro de cierre que nunca?

Porque el precio eléctrico es insostenible y se disparó hasta los 60 euros/megavatio mientras que en países próximos es más bajo y en fábricas del norte de Europa supone apenas 1/3 del español. Competir con el aluminio que llega de Oriente Medio o del hípersubvencionado metal chino que inunda los mercados, se ha vuelto una misión muy difícil que, además, debilita a Alcoa a nivel mundial. La centenaria multinacional no está en estos momentos para mantener fábricas en pérdidas. Otro factor crítico actual es el desplome del precio de la alúmina, cuyo precio ha caído un 30%. San Cibrao tuvo beneficios el pasado año gracias a que las ganancias en Alúmina -donde Alcoa posee el 60% y la australiana Alúmina Limited el 40%-, compensaron el déficit en Aluminio. La tonelada de alúmina se había disparado hasta los 600 euros la tonelada. El problema es que este septiembre Alúmina también ha entrado en pérdidas por los bajos precios al volver a producir una planta brasileña que había estado parada y finalizar el bloqueo de la Administración Trump a empresas rusas como Rusal, que tiene una refinería en Irlanda que ha vuelto a servir a muchos clientes europeos. Con ambas plantas de San Cibrao en pérdidas y sin perspectivas políticas y económicas de reconducir la situción, el peligro de cierre es más palpable que nunca y la ralentización de la actividad ya se nota en muchos de los trabajos que Alcoa contrataba a empresas auxiliares.

5. ¿Quiere Alcoa seguir con la actividad en España?

La sensación general es que sí pero en las actuales circunstancias de pérdidas no hay empresa que lo soporte mucho tiempo. En la mentalidad norteamericana no encaja desde luego encadenar ejercicios con 60 millones de pérdidas y si desde España no hay señales creíbles de que la situación energética pueda cambiar, la venta o el cierre podría estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Alcoa tiene en gran concepto a la fábrica y al personal de San Cibrao pues estaría en su podio mundial -a nivel interno ha llegado a estar en el segundo puesto y este verano ha premiado al personal de Aluminio- en cuanto a mantenimiento y calidad de producción. El problema es que el factor energético la coloca a la cola del rendimiento en el grupo y solo una planta de gran conflictividad y declive en Australia empeora hoy por hoy sus resultados.

6. ¿Por qué Alcoa no invierte en la fábrica como piden los trabajadores?

La fábrica produce con calidad pero ya no está a la última pese a los más de cien millones de inversión en los últimos años y la llegada del gasoducto. En el actual panorama parece totalmente descartada una modernización. O llega un marco eléctrico estable o las perspectivas son nulas. Tampoco hasta ahora parece haber fraguado ningún proyecto que comprometiese a Alcoa actualizaciones a cambio de bonificaciones eléctricas. Es más, estas habrían empeorado progresivamente desde que se eliminó la tarifa eléctrica subvencionada G4 para grandes consumidores. A finales del pasado siglo se aplicaba a las siderurgias, fábricas de cinc, aluminio y productores de fertilizantes con grandes facturas energéticas que influyen sobremanera en el coste final del producto, pero se quedó obsoleta. Siempre ha sido un factor crítico para Alcoa, el mayor consumidor eléctrico del país y, como en otros países industrializados, el Estado trató de ayudar a esta y otras industrias que demandaban antes, como ahora, quitar de la factura conceptos no relacionados directamente con la generación de la electricidad. La tarifa G4 expiró en el 2009, después la liberalización del sector eléctrico propició cuatro años de contratos bilaterales con Endesa hasta que las bonificaciones se encauzaron a través de la prestación de interrumpibilidad regulada. Fueron dos años hasta que en 2015 la interrumpibilidad comenzó a ser subastada y en el reparto de ayudas entraron muchas más empresas. Todo ha tenido un proceso político donde la buena voluntad superaba los logros reales para la competitividad. Este martes, de nuevo, el futuro industrial, y el de A Mariña, está en el tejado de los políticos.

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