LUGO. La tercera sesión del juicio contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente; la arquitecta municipal y cinco ediles en 2006 arrancó ayer en el penal número 2 de Lugo con la declaración de ocho constructores. Todos ellos -promotores de las viviendas que ahora se cuestionan- coincidieron en señalar que la secretaria municipal siempre les aseguró que los informes técnicos y jurídicos de dichos proyectos eran favorables. «Lo habitual era reunirnos con ella y nos decía si había o no alguna deficiencia en el proyecto. Cuando empezábamos una obra era porque ella nos decía de palabra que todo estaba en regla. No empezábamos ni de broma una obra sin tener licencia y proyecto de ejecución. De hecho, a veces había deficiencias, no se daba la licencia y no se hacía la obra», señalaron.
Los constructores explicaron la «sorpresa» y el «enorme perjuicio» que supuso para ellos la anulación de las licencias y «todo el follón» que se montó en torno a sus obras. «Construimos muchos edificios en la costa sin ningún problema, pero de repente se montó un lío tremendo. Los promotores empezamos a ver que la secretaria hacía cosas raras, como emitir un informe jurídico positivo de una obra y otro negativo de la que estaba al lado, aunque tuvieran un proyecto similar. Además, se empezó a comentar que ella recibía pagos por cambiar el sentido de sus informes. De hecho, un constructor llegó a reconocer que le pagó 60.000 euros. Con todo el revuelo que se montó, ibas a los bancos y no te daban ni lo buenos días», señaló uno de los promotores.
Según declararon, tras la inspección llevada a cabo por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), las licencias sobre las que se había generado la polémica acabaron en el juzgado. Sin embargo, algunos contenciosos fueron archivados definitivamente y en otros casos, más de una veintena, la Xunta desistió, aunque los promotores explicaron que no lo hizo de forma desinteresada. «La Xunta propuso no seguir adelante con los contenciosos, pero a cambio teníamos que firmar un documento renunciando a cualquier reclamación patrimonial. Nos coaccionó para que no reclamáramos daños y perjuicios. Está claro que no nos ponían una pistola en la frente, pero vamos, había que firmar. Fue todo un despropósito», apuntaron.
Los promotores coinciden en que la secretaría hacía «cosas raras», como emitir informes contrarios sobre edificios que están juntos
La mayoría de los constructores firmaron el documento propuesto por la administración autonómica, pero algunos se negaron. «Yo no quise firmar y reclamé. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón a la Xunta, pero recurrí al Tribunal Supremo y gané. Este año», comentó uno de los afectados, «el TSXG volvió a desestimar otra de mis reclamaciones, pero también iré al Supremo».
SERVICIOS. Algunos de los constructores que prestaron declaración ayer como testigos no remataron sus promociones, pero otros llegaron a finalizar las viviendas y las vendieron. Según apuntaron, jamás tuvieron problemas con los servicios. «Se creó una polémica sobre el agua totalmente infundada, ya que había caudal y potencia suficiente para dar servicio a las nuevas edificaciones. De hecho, no se realizó ninguna obra desde 2006, excepto cambios de tuberías, y actualmente no tienen ningún problema con el agua», aseguran.
En cuanto a la luz, los promotores reconocieron que recibieron una carta de Begasa alertando del colapso en el suministro eléctrico, del que ellos dudaban. «Nos pedían una auténtica millonada a los constructores para reforzar la línea y dar suministro a las nuevas viviendas. Nos pareció raro y descubrimos que, cinco años antes, la empresa había recibido una importante subvención para ampliar la subestación de Foz, que da servicio a Foz y Barreiros, pero no hizo los trabajos. Entonces enviamos una carta pidiendo explicaciones y nos respondieron que no había ningún problema de suministro, que ya nos indicaban a cada uno el transformador del que teníamos que coger la luz para dar servicio a los edificios. Pasaron de pedirnos cantidades escandalosas, sobre un millón de euros a cada uno, a cobrarnos las tasas convencionales, que serían unos 80.000 euros», declararon.
El juicio por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, la secretaria municipales y cinco concejales se retomará el próximo miércoles con las conclusiones de las partes.
El fontanero municipal no recuerda ninguna reunión en el Concello
«No recuerdo nada de ninguna reunión en el Concello». Así de ambiguo fue el jueves el hombre que ejerció como fontanero municipal en Barreiros durante 44 años, testigo clave de la reunión donde la secretaria presuntamente habría alertado a los políticos de las irregularidades. Según explicó, trabajó para el Ayuntamiento hasta que se jubiló, hace cinco años, y no recuerda haberse reunido en enero de 2006 con el alcalde, los concejales y la secretaria municipal. «Hablaba a menudo con ellos por separado, pero con todos juntos creo que no me reuní nunca».
Con estas declaraciones, el fontanero municipal no arrojó luz sobre la supuesta reunión informal que la secretaria municipal mantuvo con los acusados. Según su versión, se citó con ellos para exponer varias cuestiones relativas al cambio normativo que entraba en vigor ese mismo mes. «Les expliqué que los proyectos no cumplían los requisitos exigidos por la normativa, por lo que las licencias podrían ser anuladas en cualquier momento. Es más, les dije incluso que concederlas podría llegar a tener la consideración de prevaricación urbanística», explicó la secretaria ante el juez el miércoles.
Los acusados, por el contrario, niegan que se celebrara dicha reunión y aseguran que la secretaria jamás les advirtió de ningún tipo de irregularidad con relación a las licencias.
