La Comisión Galega da Competencia propone sancionar a Arriva con 545.160 euros por "prácticas restritivas da competencia" vinculadas con el contrato de transporte en A Mariña, donde esta empresa sostenía que la nueva concesionaria del servicio, la UTE Autos Morán-Autocares Rodríguez Domínguez, debía subrogar a 13 de sus trabajadores, cuando la investigación llevada a cabo por ese organismo concluyó que una parte importante "non cumpría os requisitos para a subrogación" y que realmente los empleados asumidos tenían que ser tres.
Competencia afirma que Arriva "falseou os datos" sobre el coste del personal necesario para prestar el servicio del transporte público en la comarca tras comprobarse que el número que mantenía era "cando menos, inexacto e impreciso, e moi superior aos traballadores que realmente eran subrogables". Entonces la UTE se negó a asumir a todo el personal y estuvo a punto de perder el contrato que le había adjudicado la Xunta.
La Comisión entiende que la empresa "buscaba falsear a libre competencia mediante un acto considerado desleal" por varias razones. En primer lugar señala que la conducta de Arriva se dirigía "claramente a limitar a competencia no seu momento inicial, tratando de reducir o número de potenciais licitadores que, ante a expectativa de ter que asumir un número moi elevado de traballadores que terían que subrogar, verían pouco atractivo o contrato".
A esto añaden que la actitud de Arriva se mantuvo en el tiempo y en el propio desarrollo del proceso de selección del concesionario, pues certificó de nuevo un número e identidad de trabajadores "que se constata que non se corresponde coa realidade". Finalmente, para la Comisión los informes que obran en el expediente -de Inspección de Transportes y de una consultora especializada contratada al efecto- revelan que la empresa "actuou de mala fe, elemento básico de deslealdade, na información aportada non só na fase de preparación do contrato senón con posterioridade, para privar á empresa adxudicataria da licitación lexitimamente ganada ao obter a mellor cualificación no proceso de licitación".
La denuncia partió de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en febrero de 2018. En abril del mismo año la Comisión Galega de Competencia -encargada de garantizar que no se producen en Galicia prácticas anticompetitivas- inició un expediente sancionador al objeto de investigar y valorar los hechos denunciados. El 9 y 10 de mayo de 2018 se presentaron sendas denuncias por parte de la UTE que es la actual adjudicataria del contrato de transporte en A Mariña, que hace la línea Viveiro-Ribadeo con anexos.
Ahora la Comisión da por finalizada la instrucción del expediente iniciado contra Arriva por "incorrer en condutas contra a liberdade de competencia", un expediente que tipifica los hechos como "graves" y que lleva aparejada una multa del 3% del volumen total de negocio de la empresa.
Contra esta propuesta de resolución del expediente sancionador no cabe recurso alguno, "por tratarse dun trámite non impugnable", pero Arriva dispone de 15 días para formular las alegaciones que estime. Pasado ese plazo se estudiará la proposta de sanción y las alegaciones en el pleno de la Comisión Galega de Competencia para elevar a definitiva la sanción.
