El comité de empresa de Alcoa San Cibrao sigue manteniendo reuniones con las compañías que aspiran a hacerse con la fábrica de aluminio primario y está previsto que el día 29 de junio se reúnan con representantes de Altas Holding, interesada en la operación a través de su división de aluminio, Aludium, que ya se hizo con las plantas de Amorebieta y Alicante.
Mientras, los trabajadores siguen a la espera de una contestación del Ministerio de Industria para mantener la reunión "urgente" solicitada con la titular del departamento, Reyes Maroto.
En declaraciones a Efe, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, confirmó que la plantilla también está pendiente de la reunión con Alvance, la división del aluminio del grupo Liberty, la primera compañía en mostrar públicamente su interés por la compra de la fábrica mariñana.
Liberty pertenece al grupo GFG, actualmente en problemas de financiación tras el colapso de Grensill y sometido a diversas investigaciones tanto en Reino Unido como en otros países, si bien el conglomerado del magnate Sanjeev Gupta sostiene que estas cuestiones no influyen en la operatividad de sus empresas.
"No tenemos de momento contestación del Gobierno", dijo Zan, quien también aclaró que "Alcoa sigue revisando" su situación
Después de que esa reunión tuviese que ser aplazada hasta en dos ocasiones, el comité confía en que el encuentro pueda llevarse a cabo en los próximos días.
No hay fecha, de momento, para la reunión "urgente" solicitada por el comité de empresa con la ministra de Industria, Reyes Maroto, después de que en la última reunión de la mesa de seguimiento del proceso de venta los representantes del ejecutivo aclarasen que la Sepi no va a participar en la operación directamente e instasen a Alcoa a una venta directa de la planta a alguno de los compradores interesados.
"No tenemos de momento contestación del Gobierno", dijo Zan, quien también aclaró que "Alcoa sigue revisando" su situación y "está estudiando como afecta el nuevo planteamiento del Ministerio" a la operación, dado que inicialmente se planteó una venta a la Sepi para que la sociedad pública se la traspasase posteriormente a un comprador industrial.
José Antonio Zan insistió en que los trabajadores quieren tener "la garantía" de la participación de la Sepi en la operación, porque de lo contrario "¿quién elige al comprador?", se preguntaba.
Desde su punto de vista, la participación de la sociedad pública es necesaria para asegurar que este proceso termina con "una salida industrial", que garantice la continuidad de la fábrica y evite una situación como la que se produjo en A Coruña y Avilés.
