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El comité de Alcoa hará alegaciones a un estatuto que "no resuelve el problema"

Instalaciones de Alcoa, en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Instalaciones de Alcoa, en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Calculan la reducción en 12,5 euros el megavatio, cuando el año pasado las compensaciones ascendieron a 17

La espera de más de un año del comité de empresa de Alcoa por un estatuto del consumidor electrointensivo que dé viabilidad a la fábrica no tiene el final deseado. A falta de analizar el documento definitivo, sostiene que el proyecto "no resuelve el problema", por lo que presentará alegaciones "con el fin de llegar a un marco estable y competitivo" que sitúe a la aluminera "en un estado de igualdad" con el resto de sus competidores en la UE.

La primera valoración del comité es que la reducción en la tarifa eléctrica con el nuevo marco sería "como máximo" de 12,5 euros el megavatio (MW) sumando las compensaciones por emisiones de CO2 al máximo permitido por la UE y la nueva medida de eliminar el 85% de los cargos de la factura eléctrica de renovables, cogeneración y extrapeninsulares. Comparan esa cifra con la del año pasado, cuando entre la interrumpibilidad —que ahora desaparece— y el CO2 la rebaja en el precio fue de 17 euros el MW. "El gobierno reduce las ayudas a la industria electrointensiva en 4,5 euros el MW con respecto al 2019", concluye el comité, que cifra que el precio de la electricidad para Alcoa rondará este año los 47,5 euros con las nuevas medidas, y no los 40-42 que dice el Gobierno.

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El comité analiza cada una de las tres medidas que componen el documento y sobre la compensación por emisiones de CO2 ve "necesario" que el Gobierno "cumpla su compromiso" de aumentar la dotación al máximo permitido por la UE, 200 millones —en 2019 se repartieron 172— y asegure "a largo plazo" esta compensación "con una legislación clara".

Sobre la bonificación en la factura sostiene que, "muy lejos de las pretensiones de un buen estatuto", esta medida deja a la empresa "en una situación muy poco competitiva" con respeto a otros países de la UE y exige "una bajada en los peajes de transporte y generación" para las industrias que más consumen. En este sentido insisten en que es necesaria una "diferenciación inequívoca" entre los grandes y medianos o pequeños consumidores ya que el nuevo estatuto rebajó el mínimo de consumo anual de sus beneficiarios de 40 GW hora anuales a solo 1 GW y son 600 empresas las que entran en el cómputo, cuando con el anterior borrador de estatuto eran 276. Con esta decisión Alcoa San Cibrao, que consume "3,5 millones de MW" —y paga 220 millones al año de luz— queda "a la misma altura que una empresa mucho más pequeña".

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En cuanto al fomento de contratos bilaterales (PPAs) con empresas de energías renovables creen que es una medida "de dudoso cumplimiento, dado el oligopolio de las eléctricas y la falta de regulación por parte del Gobierno". Explican que el Ejecutivo debe legislar sobre este asunto para obligar también a la suministradora a realizar estos contratos —el estatuto fija que deben ser por un mínimo de 5 años y un 10% del consumo anual—, pues creen que ninguna eléctrica firmará un acuerdo con una gran consumidora para proporcionarle energía con un precio de 40 euros el MW hora cuando en el mercado del resto de consumidores lo vende más caro y por lo tanto dejaría de ganar dinero.

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