El comité de Alcoa en San Cibrao, la empresa y representantes del Gobierno y la Xunta mantuvieron este martes en la sede del Ministerio de Industria en Madrid la quinta reunión de seguimiento del acuerdo alcanzado en la fábrica para paralizar la producción de aluminio hasta 2024. Los representantes sindicales confían en que la crisis de suministros y precios actual no afecte al plazo de entrega de las inversiones previstas en la planta y, en el ámbito energético, insisten al Gobierno para que libere al máximo las compensaciones de CO2.
"El Gobierno tiene que garantizar ese máximo y por parte del ministerio nos dijeron que van a cumplirlo, pero nosotros queremos que se garantice durante mucho más tiempo", indicaba al finalizar la reunión el presidente del comité, José Antonio Zan, sobre las ayudas para paliar el coste energético que corresponden al Ejecutivo central.
También se refirió a las negociaciones de la empresa con suministradoras de energía para firmar contratos a precio estable durante diez años y recordó que el 20 de este mes "es la fecha que se ha puesto como tope para tener esas PPA con dos empresas, Capital Energy y Greenalia". En este sentido confía en que esos acuerdos se ratifiquen para "tener unos planes eólicos sobre los que hablar y una garantía de futuro".
En cuanto a las inversiones, Zan trasladó la preocupación de los trabajadores por un posible retraso dada la crisis de precios y suministros actual pero confía en que las mejoras lleguen "a tiempo" a la fábrica. "Alcoa tienen sus planes b y ya tiene estudiado ese tema", comentó.
Para estas inversiones Alcoa había depositado 103 millones de dólares en una cuenta bancaria y el comité debe validar cada gasto que se realiza. En este sentido, el presidente del órgano sindical avanzó que van a liberar fondos para abonar "los primeros costes de las inversiones", que son los trabajos de ingeniería que además de realizar con personal propio Alcoa encargó a otras empresas.
