El comité de Alcoa se reúne con grupos del Congreso en busca de apoyo a la intervención

Los sindicatos instan al Ministerio de Industria a convocar la mesa de seguimiento y culpan a Transición de "paralizar" la tramitación de parques eólicos que cubren el 45% del consumo energético
Reunión del comité de Alcoa con diputados del Congreso. EP
photo_camera Reunión del comité de Alcoa con diputados del Congreso. EP

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mantuvo este miércoles una reunión con varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a los que pidió que apoyen una intervención pública de la fábrica si la multinacional no cumple con el acuerdo firmado con la plantilla.

Los representantes reclaman que si Alcoa no presenta al Gobierno garantías de que va a cumplir "todo lo firmado hasta el año 2027" se proceda a una intervención "que se iniciaría con la solicitud por parte de la Xunta y se realizaría por parte del Gobierno. Para ello necesitamos que todos los grupos parlamentarios aprueben una enmienda individual en los próximos Presupuestos Generales del Estado para dotar de fondos dicha intervención", detallan.

"Valoramos como muy positiva la reunión con los grupos parlamentarios, de hecho hay una gran mayoría que apoyaría cualquiera iniciativa que se emprendiera para solucionar la problemática de la fábrica, sin cerrarse a la intervención y abriendo esa posibilidad si fuese necesario", comentó el presidente del comité, José Antonio Zan, tras la reunión que mantuvieron con representantes de PSOE, BNG, Sumar, Junts, Podemos, PNV y Bildu.

Los representantes sindicales reclaman que el Gobierno acceda a participar en las reuniones técnicas para las que ya tienen el compromiso de la Xunta acerca de la tramitación de los parques eólicos. Recuerda además que está pendiente una reunión con presencia de los ministerios de Industria y Transición para aclarar la situación de los proyectos que suministrarán energía a la planta y "garantizar que no nos pasemos 16 reuniones más durante los próximos dos años y nos encontremos que el 45% de nuestra energía esté paralizada en el Ministerio de Transición".

Zan ve además "fundamental" que el Ministerio de Industria convoque "cuanto antes" la mesa de seguimiento que lleva una semana de retraso sobre la fecha prevista y en la que el Gobierno había reclamado a Alcoa que acuda con peticiones concretas para que las administraciones puedan ayudarle a sacar adelante el plan de viabilidad para la fábrica. En caso de que no lo haga, dice el presidente del comité, "es fundamental saber si el ministerio va a actuar y que todos estos partidos van a apoyar la medida que tanto la Xunta como el Gobierno tomen para poder garantizar la viabilidad de la fábrica y el futuro del aluminio primario en España".

Situación de la fábrica

Los representantes sindicales explicaron a los grupos del Congreso la situación de la fábrica y el "cambio del actual Ceo", William Oplinger, con respecto al acuerdo de viabilidad que este mismo directivo firmó con los trabajadores "hace once meses", un giro según estos "basado en una serie de mentiras y ambigüedades económicas que nunca llega a concretar" y que llevó al aplazamiento de la inversión del horno de ánodos grandes, a intentar posponer el rearranque y a asegurar que se acabarían los fondos disponibles para la fábrica en el segundo semestre de este año, con amenaza de cierre incluida.

El comité rebate que las pérdidas económicas de las que habla la empresa no son posibles "en un contexto de mercado plano", que el consumo energético "no es un problema ya que Alcoa tiene las posibilidades de firmar PPAs por el 6% -que suponen las 32 cubas que estarán arrancadas en abril- y no lo hizo sin dar explicación", o que no cumple con la fabricación del horno "habiendo desmantelado el antiguo".

Agregan que la provisión de fondos "es responsabilidad de Alcoa, nadie firma un acuerdo a tres años sin tener los fondos para poder cumplirlo"; que las pérdidas de 2020 y 2021 "son responsabilidad exclusiva de Alcoa por su empeño de cerrar la fábrica juzgado tras juzgado y demostrando la mala fe", y que "se utilizan las inversiones pactadas como pérdidas económicas para argumentar falta de liquidez", a lo que el comité también añade que "seguramente cuantifique como pérdidas los costes de cierre e indemnización de trabajadores de A Coruña y Avilés".

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