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Cicatrices del urbanismo en Barreiros

Esqueleto de una urbanización en Barreiros. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Esqueleto de una urbanización en Barreiros. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Este lunes se celebra el juicio en Lugo contra el alcalde de la localidad, cinco concejales y la arquitecta municipal por la concesión de 45 licencias urbanísticas en 2006 

Este lunes se celebra en Lugo un juicio que más allá de las consecuencias políticas que podría arrastrar traerá de vuelta todos los problemas sufridos por el municipio de Barreiros desde que en 2007 la Xunta interviniese el urbanismo de este concello. Esa decisión provocó una serie de consecuencias con varias vertientes: políticas, judiciales, sociales y económicas. Varias de ellas se ponen sobre la mesa en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo que tratará de dilucidar la legalidad en la concesión de 45 licencias de obra en 2006 que implicaron la construcción de unos 3.000 pisos.

Tras el enorme terremoto que se generó entonces fue pasando el tiempo y once años después Barreiros supo adaptarse a una nueva situación interina. En ella hay varias casuísticas: una enorme cantidad de viviendas acabadas pero semivacías porque la crisis golpeó seriamente el sector, otras acabadas pero que no se pueden ocupar, edificios sin acabar con problemas judiciales y fincas vacías adquiridas para edificar en las que ya no se podrá construir. Los vecinos quieren olvidar y que se solucione el problema con los esqueletos repartidos por distintos puntos y que las viviendas que ya están acabadas pero cerradas, se pongan en el mercado para intentar reactivar el sector. Poca gente quiere entrar ahora a analizar todo aquello e incluso es un tema aparcado en la agenda política.

Pero este lunes se juzgará por tercera vez (las dos anteriores fueron absueltos) al alcalde, Alfonso Fuente Parga; al teniente de alcalde, José Manuel Gómez Puente; al delegado de obras, Lorenzo Penabad Bolaño; y a los que eran concejales en aquel 2007 María Alina Rodríguez, Eulogio Menéndez y José Rojo. Junto a ellos está acusada también la arquitecta municipal, Marta Geada.

La acusación no es baladí: para la arquitecta, el alcalde y tres concejales la fiscalía reclama dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en la concesión de licencias. Para los exediles Lorenzo Penabad y José Rojo solicitan seis meses de prisión y siete de inhabilitación. El juicio aún continuará tres días más, el miércoles con los testigos de la acusación, el jueves con los de la defensa y se acabará el día 14.

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