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La Audiencia Nacional juzga el jueves demanda contra Alcoa, Parter y Riesgo

Una maza de un juez. AEP
Una maza de juez. AEP
Los trabajadores rechazaron indemnizaciones muy superiores a las legales para apostar por la viabilidad de las plantas
La Audiencia Nacional celebrará el jueves el juicio que decidirá sobre una demanda interpuesta por varios sindicatos contra la multinacional Alcoa, el fondo inversión suizo Parter Capital, que le compró las plantas de Avilés y A Coruña, y el grupo Riesgo, que las adquirió postreriormente.

Según ha informado este lunes la Confederación de Cuadros y Profesionales, que presentó la demanda junto a otras organizaciones sindicales, el juicio se celebrará en la sala de lo Social y se dirige contra el conglomerado de empresas que forman los citados grupos y aspira a defender los derechos de los trabajadores de las plantas del grupo Alcoa Inespal que fueron vendidas.

Esta acción es paralela a la querella interpuesta por la Confederación por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida, y que fue admitida a trámite el 22 de diciembre por el Juzgado central de instrucción 3 de Madrid.
La Confederación considera que se han incumplido los acuerdos alcanzados el 15 de enero y el 4 de julio de 2019 en el expediente de regulación de empleo (ERE), que la organización considera que siguen vigentes.

En el juicio, se pretende la declaración solidaria de todas las empresas demandadas.
Los demandantes consideran que Alcoa es responsable frente a los trabajadores, no sólo por los incumplimientos de los compradores de las plantas, que afirma que no han ejecutado el plan industrial pactado entre los trabajadores y la multinacional estadounidense, garante de la ejecución de las inversiones y del cumplimiento del plan industrial.

También estiman que Alcoa es responsable por elegir como comprador a Parter Capital, que, según la Confederación, no reunía las características exigidas y pactadas para la estabilidad de las dos plantas y sus plantillas.

Los trabajadores rechazaron indemnizaciones muy superiores a las legales para apostar por la viabilidad de las plantas y sus puestos de trabajo.

Para la Confederación, pudo ser una venta instrumentalizada "a través de empresas pantalla" para desvincular formalmente a Alcoa de la titularidad y gestión de ambas fábricas, así como de las responsabilidades de ámbito laboral.

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