Los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica abrieron este lunes la consulta pública del borrador de estatuto para los consumidores electrointensivos, que impone obligaciones y compromisos a las empresas en eficiencia energética, I+D+i, sustitución de fuentes contaminantes y mantenimiento de empleo para optar a los mecanismos de reducción de costes. Alcoa considera insuficientes las medidas "por la importante diferencia en el coste de la energía respecto a los competidores y la falta de garantía respecto a la compensación por no emitir CO2".
El proyecto de real decreto, que admite alegaciones hasta el próximo día 27 en la dirección [email protected], cumple el mandato dado al Gobierno central para que en seis meses elaborase y aprobase dicho documento, dirigido a las empresas para las que la electricidad representa un porcentaje muy elevado de sus costes de producción. El objetivo potenciar la competitividad, el crecimiento y el mantenimiento, así como la generación de empleo de calidad.
Los mecanismos de apoyo son la exención de pagos por capacidad -100% para los consumidores interrumpibles y del 70% para el resto-, la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero, nuevos coeficientes de pérdidas de energía imputables que resulten del estudio que en seis meses hará el operador del sistema eléctrico (REE), el fomento de la contratación bilateral a largo plazo y la exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los proveedores efectivos.
El estatuto también impone obligaciones, como disponer de un sistema de gestión de la energía auditado y certificado en el plazo de dos años, implantar medidas de mejora de la eficiencia energética viables y derivadas de la auditoría al menos cada cuatro años, mantener la actividad productiva al menos otros tres años a partir de la fecha de concesión de los mecanismos de ayuda, salvo en determinadas situaciones de crisis empresarial, y acreditar en el plazo de un año la contratación de al menos un 10% del consumo anual de electricidad mediante instrumentos a plazo con una duración mínima de tres años.
INSUFICIENTE. Por su parte, la multinacional Alcoa afirma que el borrador "no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad. Las medidas que se proponen son insuficientes, ya que mantendrían un significativo diferencial en el coste de energía respecto a nuestros competidores y, por otro lado, son inciertas, ya que ni siquiera hay garantía sobre la aplicación efectiva de la medida más relevante, que es la compensación de costes indirectos de CO2", recalcan desde la firma.
Alcoa entiende que si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador, "éstas ponen en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao", única instalación que mantiene la producción de aluminio primario en España en la actualidad, que cerró 2018 con 49 millones de pérdidas, cifra que podría doblar este año. Por contra, la planta de alúmina obtuvo 87.510 euros después de impuestos en 2017 frente a los 7.018 euros de pérdidas de 2016.
