Alcoa se reunió este viernes con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para proponer "soluciones alternativas" que aborden los problemas de la planta de aluminio de San Cibrao y "permitir así una vía de futuro para la fábrica, sus trabajadores y la región", según la propia empresa, cuyas fuentes indicaron que ofrecieron al Ejecutivo "un escenario alternativo para la venta de la planta de aluminio primario de San Cibrao".
Como primer paso, Alcoa "sugiere" la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) antes del 15 de septiembre de 2021 por parte de la Compañía, el Gobierno, la Xunta, los sindicatos y la representación de los trabajadores. En dicho memorando Alcoa ofrece "mantener las operaciones de la planta y no iniciaría el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Alcoa antes de esa fecha. Este plazo de un año se emplearía para abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado".
Alcoa insiste en que el precio de la energía hace la fábrica inviable y por eso dice que esa cuestión debe solucionarse sin demora "para hacer posible la viabilidad futura de la planta, el problema de la energía debe resolverse". Una vez resuelto el reto energético, Alcoa se comprometerá a realizar un nuevo proceso de venta directa con potenciales compradores "tras la confirmación expresa de su solvencia a través de instrumentos del Estado, conforme ofreció la Ministra. Este proceso de venta, sin embargo, solo se llevaría a cabo una vez que esté garantizado el suministro de energía a un precio que permita a la planta ser competitiva a largo plazo".
Para lograr esta competitividad, que es el mejor camino para reducir los riesgos compartidos de la operación, Alcoa propone trabajar hasta el 31 de julio de 2022, en un entorno de "paz social", en dos vías paralelas para garantizar un precio final de energía competitivo para la planta y sus potenciales compradores. El primero sería trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, Xunta de Galicia y uno o más suministradores de energía, con el objetivo de poner a disposición de la planta de San Ciprián un suministro competitivo de energía eléctrica renovable a partir del 1 de enero de 2023.
El segundo implicaría trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional y la Xunta de Galicia, "con el objetivo de establecer un marco regulatorio que permita, en combinación con el punto anterior, garantizar un precio final competitivo para la planta a partir del 1 de enero de 2023", apuntó Alcoa.
La multinacional defiende esta propuesta asegurando que "evita riesgos potenciales, tanto para los trabajadores como para la compañía, asociados a vender una planta que no es competitiva. La venta previa de las plantas de Avilés y A Coruña, que fue respaldada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores, generó numerosos problemas a raíz de que el comprador vendió las plantas a un tercero sin el conocimiento o consentimiento de Alcoa”.
