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Alcoa confirma pérdidas en la división de aluminio de San Cibrao este año

Entrada a las instalaciones de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Entrada a las instalaciones de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El Gobierno lanzará antes de que acabe 2018 incentivos para las industrias electrointensivas

La situación de pérdidas con la que las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés enfilarán su cierre si nada lo remedia se extiende a la división de aluminio del complejo industrial de San Cibrao. La multinacional confirma que esa parte del negocio en las instalaciones lucenses acabará este ejercicio en números rojos, algo que los sindicatos avanzaron el mes pasado que ocurriría por primera vez en veinte años, apuntando a un resultado negativo de unos 20 millones de euros. Fuentes de la compañía ni confirman ni desmienten el dato, eludiendo dar cifras en plena tormenta por su intención de parar la actividad en su otra planta gallega y en la asturiana, con unas pérdidas conjuntas de 74 millones en 2018.

Desde la compañía dejan claro que los números rojos en las fábricas mariñanas se ciñen a la dedicada a la producción de aluminio ante el encarecimiento de las materias primas y de la energía, mientras que la división de alúmina cerrará con beneficios un ejercicio en el que se quedó sin incentivos en la subasta de interrumpibilidad. A mediados de octubre, fuentes sindicales apuntaron a que el complejo sancibrense —con unos 1.300 empleados— finalizaría el año con unas ganancias de unos 180 millones de dólares, si bien la empresa dijo que no se correspondía con la realidad. En 2017 fueron 217 millones.

Desde Alcoa inciden en que ambos negocios son diferentes. En el caso de las instalaciones de alúmina, el proceso productivo no es tan dependiente de la electricidad, sino que sus necesidades energéticas están más enfocadas hacia el gas natural. Esta planta no es únicamente de la multinacional de Nueva York, sino que el 40% está en manos de Alúmina Limited, una sociedad que cotiza en la bolsa de Australia y con la que Alcoa tiene una joint venture.

Las factorías de San Cibrao, A Coruña y Avilés dedicadas al aluminio sí son propiedad al 100% de Alcoa, que esgrime que el coste de la energía eléctrica resulta "fundamental" en el desarrollo de su actividad, pese a negar que sea el principal motivo por el que quiere echar el cierre a dos plantas que suman 686 empleos directos.

Sobre la lucense, habitualmente en beneficios, destaca que es más "moderna y eficiente", lo que influye en los costes de producción. Sin embargo, ante las pérdidas previstas para este año, fuentes de la compañía explican que al encarecimiento de las materias primas — la alúmina, brea y coque con los que operan subieron de media un 70% desde 2016, según el grupo— se añade el repunte en el precio de la electricidad.

PLAN DE ACCIÓN. Con esa amenaza de cierre que planea sobre las factorías de A Coruña y Avilés como telón de fondo, el Gobierno anunció ayer que antes de que acabe el año lanzará una nueva subasta del servicio de interrumpibilidad, por el que las empresas electrointensivas se comprometen a desconectarse de la red en caso de sobrecarga a cambio de una rebaja en la factura de la electricidad. Alcoa dice no tener decidido si acudirá con todas las plantas a esa puja si se activa en breve.

El Ejecutivo también ejecutará las compensaciones a este tipo de industrias por las emisiones indirectas de CO2, con 150 millones ya presupuestados. Ambas medidas, dirigidas a «garantizar la industria electrointensiva» en España, las anunció la titular de Industria, Reyes Maroto, tras la reunión mantenida en Madrid con los presidentes de Galicia y Asturias para trazar un plan de acción conjunto que mantenga activas las factorías de Alcoa en esas comunidades.

Con el tiempo corriendo, Gobierno y autonomías fijaron una posición común para instar a la compañía a retirar el expediente de regulación de empleo (Ere) extintivo presentado para las dos plantas. Acordaron, además, abrir una mesa de negociación "en los próximos días" para plantear propuestas y buscar alternativas a los cierres. La idea es que participen administraciones, comités de empresa y la propia Alcoa. Fuentes de la compañía aseguran no tener información alguna sobre inversores que quieran comprar las instalaciones. Indican que a inicios de año se puso en marcha un proceso de venta con Goldman Sachs y, pese a haber "partes interesadas", finalmente no se presentó ninguna oferta.

En el encuentro, tanto Alberto Núñez Feijóo como Javier Fernández reivindicaron un "marco energético estable para el conjunto de la industria electrointesiva", para evitar que el coste de la electricidad sea un argumento para abandonar centros de trabajo. "Hay miles de empleos que dependen de esta industria", remarcó el presidente gallego, citando expresamente la planta que Alcoa tiene en San Cibrao.

Sobre las fábricas en peligro, Feijóo abogó por "mantener una interlocución al máximo nivel" toda vez que la compañía activó a finales del mes de octubre el periodo de consultas del Ere, que los sindicatos se niegan a negociar tras llevar la medida ante la Justicia para tratar de evitar el peor de los desenlaces.

LA BATALLA DEL PLANTEL. A la espera, las plantillas continúan con su lucha. El comité de empresa de la factoría gallega ha presentado una nueva denuncia contra el Ere por "vulneración de la legislación", esgrimiendo "defectos de forma" para activar el proceso de consultas.

Lo anunció este jueves tras mantener una reunión con responsables de la Inspección de Trabajo en la comunidad, en una jornada en la que miles de personas salieron a la calle en Avilés al grito de "Alcoa no se cierra".

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