La organización ecologista Adega considera que Alcoa no puede “marcharse” sin pagar previamente la “deuda ambiental” que tiene con la comarca de A Mariña, dado que todavía no existe un “proyecto de cierre y clausura definitivo” para la balsa de “lodos tóxicos” resultante del proceso de fabricación de aluminio.
Además, recuerda Adega, tampoco existe “un plan de descontaminación para una comarca maltratada” desde el punto de vista medioambiental, como consecuencia de “años de permisividad de las administraciones con esta empresa”.
“A pocos días del décimo aniversario del desastre ambiental y humano provocado por el derrumbe de la balsa de lodos rojos de Ajka -Hungría-, Adega vuelve a avisar” del riesgo que supone la existencia de la “balsa de lodos de Alcoa” en San Cibrao, Cervo .
También avisa de que “las consecuencias de un suceso similar en A Mariña podrían ser muchísimo más catastróficas que en el caso húngaro”.
Los ecologistas apuntan a que la empresa debe “afrontar todos los costes de estabilización y restauración de la balsa y la completa descontaminación y regeneración de los terrenos”
Sin embargo, “ni la Xunta ni la multinacional han sido capaces de despejar todavía la incertidumbre sobre la restauración y descontaminación de los terrenos que ocupa la factoría, después de 35 años de actividad”.
“Esto sumado a la actual actitud de despotismo que está demostrando la empresa, hace presagiar lo peor, que Alcoa se marche dejando su pasivo ambiental”, que tendría que ser asumido otra vez “por la sociedad gallega”.
Por ello, le exige a la Administración, tanto gallega como estatal, que “frene cualquier intento por parte de Alcoa de marcharse de San Cibrao sin saldar la deuda social y ecológica con A Mariña”.
Insiste en que debe “afrontar todos los costes de estabilización y restauración de la balsa y la completa descontaminación y regeneración de los terrenos”.
Alcoa asegura que “es una empresa respetuosa con la ley y cumple estrictamente con todos los procedimientos"
ALCOA RESPONDE. Alcoa asegura, en declaraciones a Efe, que “el depósito de residuos mineros de Alúmina” en San Cibrao, en el que se acumulan los residuos del procesado de bauxita para la producción de alúmina, cumple “con todos los requisitos legales y medioambientales y ha obtenido la certificación de dichos cumplimientos”.
La multinacional aclara que el actual proceso de despido colectivo se debe a la situación de la planta de aluminio, porque la “producción de la planta de alúmina no está afectada”, ni tampoco el “el embalse de residuos mineros”.
En relación con el embalse, Alcoa asegura que “es una empresa respetuosa con la ley y cumple estrictamente con todos los procedimientos establecidos para el mantenimiento, supervisión y control de dicho depósito”.
De hecho, asegura que “en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Ambiental, Alcoa efectuó un análisis de riesgos del depósito de San Cibrao, entre los que se encontraba el supuesto de rotura del dique”, un informe que fue remitido a las autoridades en octubre 2018.
“El proceso de cierre del depósito se realizará de manera gradual y permitirá mantener su uso industrial durante un periodo de entorno a diez años desde el inicio de las obras”
Tras la revisión pertinente, añade, las autoridades competentes remitieron “certificación de cumplimiento con lo establecido”.
Además, explica que “la legislación vigente establece unos requisitos específicos para el cierre y clausura de cualquier depósito minero y fija claramente las obligaciones y responsabilidades de la entidad explotadora durante el cierre y durante el período posterior a la clausura”.
Por ello, la compañía afirma que “cualquier conjetura sobre un hipotético abandono de la actividad industrial y su también hipotética repercusión en la seguridad de dicho depósito carecen de fundamento”.
“Alcoa cuenta con la Autorización Ambiental Integrada que afecta a la planta de Alúmina con el fin de poder adecuar funcionamiento del depósito de residuos mineros a las obras que habrá que acometer en el futuro para su cierre y clausura de manera segura y respetuosa con el medio ambiente”, añade.
Por ello, cuando llegue el momento, “el proceso de cierre del depósito se realizará de manera gradual y permitirá mantener su uso industrial durante un periodo de entorno a diez años desde el inicio de las obras”.
En todo caso, recuerda que en 2014 presentó ante la Xunta un plan “que permitiría extender la vida del depósito, conforme a la legislación vigente, hasta el 2034 si se aprueba”, al tiempo que, paralelamente, Alcoa “está evaluando alternativas a dicho proyecto”.
