Los acusados de delitos urbanísticos en Barreiros proclaman su inocencia

La Audiencia anuló las grabaciones que les incriminarían. Solo una auxiliar a la que atribuyen falsedad documental reconoció los hechos
Urbanizaciones en Barreiros. ÁLVEZ (AEP)
photo_camera Urbanizaciones en Barreiros. ÁLVEZ (AEP)

Acusados de delitos urbanísticos en Barreiros negaron este lunes los hechos y mantuvieron su inocencia en el juicio que arrancó en la Audiencia de Lugo, donde únicamente respondieron a las preguntas del fiscal y de sus defensores. El alto tribunal lucense también acordó la anulación de las primeras grabaciones que forman parte de este proceso, en las que se sustentaba la acusación contra la exsecretaria y el promotor. Las mismas habían sido presentadas por el constructor que ejerce la acusación particular, Xabier Díaz, y que en su momento dijo que le envió alguien desconocido en un cedé. Entonces sostenía que existió un entramado entre la exsecretaria y el promotor Sobral para dar apariencia de legalidad a pagos realizados por este a ella. Al anularse decae esta parte del caso.

Solo la funcionaria Ramona Rodríguez, acusada de falsedad documental, se ratificó en que modificó el registro de la solicitud de una licencia para beneficiar a una conocida, algo que hizo siguiendo órdenes superiores, según manifestó durante la vista que continúa este martes con la declaración de los testigos. Para el miécoles se espera la presentación de las conclusiones, lo que permitirá saber si se mantienen las peticiones de pena, se produce alguna rebaja o acuerdo.

La anterior secretaria, María Antonia Martínez, acusada de cobrar un presunto soborno de 100.000 euros supuestamente ofrecido por el constructor Juan Carlos Sobral para que autorizase una construcción, negó los hechos, igual que hizo este, quien acusó al promotor Xabier Díaz de participar en la financiación de la campaña electoral a unas elecciones municipales del entonces alcalde Alfonso Fuente Parga, quien este martes está citado como testigo.

Tanto Díaz como el Concello de Barreiros, cuya actual responsable, Ana Ermida, confía en la actuación de la Justicia, ejercen la acusación particular en este caso.

FISCALÍA. La Fiscalía solo mantiene la petición de tres años de prisión, con multa de nueve meses a razón de diez euros por día, así como tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público en cualquier administración —estatal, autonómica o local— para la funcionaria que se ratificó en su declaración.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando esta desempeñaba funciones públicas como auxiliar administrativa en el Concello de Barreiros, llevando entre otras cuestiones las solicitudes de licencias que se presentaban por parte de empresas, particulares e instituciones, que anotaba en el registro municipal.

Una conocida suya presentó una solicitud para construir 51 viviendas el 22 de junio de ese año, fecha que varió en un momento posterior no determinado presuntamente para favorecer a la vecina en el orden de tramitación. La administrativa hizo ese cambio de su puño y letra, añadiendo los datos a la solicitud inicial, lo que atenta "contra la seguridad jurídica en la actuación de la Administración pública", según recuerda la Fiscalía en su escrito.

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