La Audiencia de Lugo acogerá el próximo jueves el juicio contra un hombre por el delito de abuso sexual a una niña de 12 años, de cuya familia era amigo. La Fiscalía solicita para el acusado la pena de cuatro años de prisión con prohibición de aproximarse a la menor a menos de 100 metros durante 14 años, además de otras medidas como que parte de la pena se sustituya por la expulsión del territorio nacional, que se le impongan ocho años de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la privación de libertad y que le abone 12.000 euros de indemnización por daños morales.
El origen del caso se remonta a una fecha anterior al verano de 2017, en que el hombre se encontraba en el domicilio familiar de la menor, sobre la que ejercía el rol de amigo de la familia y con el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de esta, según el Ministerio Fiscal, comenzó a tocarla en determinadas partes de su cuerpo, además de intentar besarla en repetidas ocasiones en los labios pidiéndole que le tocase sus partes.
El contacto corporal se produjo de esta manera siendo inconsentido por la menor, la cual no tenía ni la madurez mental ni la formación adecuada para ello. El fiscal entiende que el acusado actuó en todo momento "con ánimo lúbrico" y que su comportamiento produjo en la menor consecuencias negativas, como sentimientos de culpabilidad.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Viveiro acordó a raíz de estos hechos la prohibición de que el acusado se acercase a la menor, a su domicilio, lugar de estudios o cualquier sitio donde ella estuviese a una distancia mínima de 100 metros. Asimismo, le impuso la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o informático, así como contacto escrito, verbal o visual de forma directa o a través de persona interpuesta. Estas medidas se prolongarán hasta que concluya el procedimiento judicial con una resolución firme.
La Fiscalía solicita además que el acusado indemnice a la menor en la cantidad de 12.000 euros por los daños morales que le causó. A la vez pide que en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito se acuerde la ejecución en todo o en parte de la pena en territorio nacional y se sustituya la ejecución del resto por la expulsión de España, además de inhabilitación para sufragio pasivo y costas.
