La responsable del juzgado de instrucción número 1 de Vilalba, encargada de la investigación de la muerte de Desirée Leal Sandamil, la niña de siete años que apareció muerta en la cama de su casa en Muimenta el pasado 3 de mayo, iniciará la toma de declaraciones a finales de este mes.
Por sede judicial deberán pasar tanto la única acusada, la progenitora de la pequeña, Ana Sandamil, como los testigos y la gente de su entorno que llame la jueza para comparecer, a mayores de los investigadores, peritos y expertos que están en la causa.
Las comparecencias que no se puedan tomar a lo largo de este mes -no trascendió el número de personas que pasarán por el juzgado- continuarán en el mes de septiembre, después del parón habitual que hay en agosto en los juzgados.
La única acusada y presunta responsable de la muerte de Desirée, Ana Sandamil, continúa aún ingresada en el módulo de presos del Hula al que fue derivada desde Psiquiatría, donde ingresó de forma involuntaria el trágico día de la muerte de la pequeña.
El padre de la pequeña mostró en varias ocasiones su intención de solicitar la prisión permanente revisable para su expareja y madre de su hija
Según se desprende de los últimos informes que han visto la luz, Ana Sandamil ya tendría capacidad para prestar declaración frente a la jueza. Sin embargo, todavía no fue trasladada al centro penitenciario correspondiente -la responsable del juzgado vilalbés ordenó prisión provisional cuando la acusó de un presunto delito de homicidio o asesinato- porque su diagnóstico todavía no es definitivo. Está en seguimiento y a la espera de que los facultativos le concedan el alta hospitalaria.
Ana Sandamil, que mostró multitud de contradicciones en sus primeros testimonios sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo, se negó a declarar cuando la jueza se trasladó hace algo más de un mes al Hula, aconsejada por su abogado.
El padre de la pequeña, José Manuel Leal, mostró en varias ocasiones su intención de solicitar la prisión permanente revisable para su expareja y madre de su hija, algo que ven factible algunas fuentes judiciales cercanas a la investigación, siempre y cuando el crimen se califique de asesinato.
