El juzgado anula un préstamo pedido con los datos robados a un cliente

El afectado advirtió al banco y denunció ante la Guardia Civil al ver que tenía un crédito que no había solicitado por 7.612,50 euros y cargos de pagos en Dublín que sumaban 6.000
Un vehículo de la Guardia Civil. AMA
photo_camera Un vehículo de la Guardia Civil. AMA

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilalba ha estimado sustancialmente la demanda presentada por un cliente del Banco Santander contra la entidad, declarando la nulidad de un contrato de préstamo por importe de 7.612,50 euros que el afectado no había solicitado, sino que se tramitó de forma fraudulenta tras robarle los datos usando la "práctica delictiva denominada phishing".

El banco debe restituirle "todas las cantidades que, en virtud del préstamo, haya cargado en la cuenta corriente del demandante", tales como comisiones –la de apertura era de 112,5 euros– o las cuotas que tuvo que abonar, pese a informar en cuanto se percató de lo sucedido a su entidad, en la que llevaba 20 años como cliente, que él no había tramitado el crédito ni gastado el dinero –se hicieron cargos por 6.000 euros–.

A su vez, la jueza estipula que el cliente deberá devolver al banco el dinero del préstamo que no llegó a gastarse.

Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2022, cuando el afectado recibió un SMS en el móvil "desde la misma dirección de la que recibía las notificaciones de su entidad bancaria". El demandante, representado en el juicio por Ignacio Meizoso, del bufete pontés Raúl Meizoso Abogados, presentó una captura donde el mensaje aparecía "en el mismo hilo" que los enviados por el banco.

En este SMS se le informaba que se había hecho un cargo de 528 euros en su cuenta y se le remitía a un enlace si no reconocía el pago. Pinchó y abrió una página "idéntica a la del Banco Santander". Al introducir sus datos se le indicó que su cuenta estaba bloqueada, pidiéndole los de la tarjeta, que también facilitó ante la "confianza" de que el mensaje provenía de su banco.

El 19 de septiembre recibió un correo electrónico de la entidad en el que se le informaba de que se había dado de alta otro dispositivo, lo que vio "extraño", por lo que accedió a su banca electrónica, donde se percató de que "alguien había contratado a su nombre sin su consentimiento un préstamo por importe de 7.612,50 euros".

El dinero se ingresó en su cuenta ya el 18 y figuraban seis cargos de su tarjeta de débito, uno de 800 euros, otro de 1.200 y cuatro más de 1.000 euros, todos ellos correspondientes con operaciones de comercio electrónico en Dublín.

Ante esto, el afectado presentó una denuncia ante la Guardia Civil ya ese día y avisó al banco. Pedía, según se detalla en la sentencia, que se anulase el préstamo y se paralizasen las operaciones no autorizadas y reclamaba las cantidades dispuestas, solicitudes todas ellas "infructuosas", lo que lo llevó a interponer una demanda en noviembre.

Pese a que el banco defendió que las operaciones "fueron debidamente autorizadas y autentificadas" y los pagos se efectuaron "en un comercio de los denominados comercio seguro", el fallo argumenta "que la entidad carecía de medidas de seguridad exigidas razonablemente", ya que "fue el cliente quien descubrió el fraude sin que la entidad bancaria activase ninguna alarma".

Se incide además en que el banco "debería haber avisado" del préstamo y de las operaciones electrónicas, puesto que estas "se alejaban del proceder habitual del cliente", por lo que "deberían de haber sido objeto de una alerta inmediata que no existió".

Contra este fallo las partes pueden interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo.

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