El Gobierno ha autorizado el estudio de impacto ambiental elaborado por Endesa para el desmantelamiento de la central térmica de la compañía en el municipio coruñés de As Pontes, pendiente todavía de su cierre definitivo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, que da el visto bueno al informe encargado por la empresa energética para el proyecto de desmantelamiento de la planta.
Los planes de Endesa pasan por desmontar la central en un período de 60 meses, en los que se acometerán unos trabajos divididos en tres fases: el desarrollo de las infraestructuras para realizar las obras, las limpiezas y preparaciones previas al desmantelamiento y, por último, la propia demolición.
El proyecto presentado incluye el desmantelamiento y demolición de todas las estructuras, edificios e instalaciones sobre el nivel de rasante, dentro de la parcela en la que se ubica la planta. La compañía se reserva la posibilidad de salvar las estructuras que puedan ser aprovechadas "por los usos ulteriores" que Endesa "tenga previsto desarrollar", instalaciones comunes con la central térmica de ciclo combinado de As Pontes y las instalaciones "pertenecientes a terceras empresas como la red de evacuación eléctrica".
CASI 400.000 TONELADAS DE RESIDUOS. El desmantenlamiento de As Pontes generará casi 400.000 toneladas de residuos, entre pétreos (313.783 toneladas) y metálicos (casi 68.000 toneladas). También se contemplan 3.500 toneladas de residuos peligrosos, fundamentalmente amianto (3.470 toneladas). Asimismo, los trabajos supondrán un consumo de agua de 6.750 metros cúbicos para los 60 meses que está previsto que duren los trabajos. El agua procederá de la red de abastecimiento municipal.
Según la declaración de impacto ambiental aprobada por el Gobierno "no se ha localizado ninguna captación ni pozo susceptible de verse afectada por el proyecto", ya que "la más cercana a las instalaciones se corresponde con la de la propia central". Además, la evaluación establece que no existen especies protegidas, ni de fauna ni de flora, que puedan verse afectadas por la realización de los trabajos.
