El exalcalde de Muras Issam Alnagm Azzam se sienta este viernes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por un supuesto delito continuado de prevaricación cometido durante su etapa como regidor local. En declaraciones a Efe, antes de entrar en la vista oral, aseguró que "no hay caso".
"Es vergonzoso que llegue este caso aquí, porque no hay caso", dijo Isaam Algnam, cuyo abogado defensor, Alejandro Fernández Pumariño, confirmó su intención de pedir la libre absolución para su cliente al final de la vista. "No hay caso desde el punto de vista penal, en mi opinión", precisó el letrado, porque "es un tema que, si existiese algún tipo de irregularidad, es de tipo administrativo".
Por ello, opina que "debería haberse ventilado en la jurisdicción administrativa y ya antes en el Ayuntamiento, revisando las licencias si es que había algo que revisar, que creo que no". Según su criterio, serían, en todo caso, "irregularidades de tipo administrativo que, según el perito nombrado por las propias acusaciones, no conducen a la nulidad y, por lo tanto, son irrelevantes".
El ministerio fiscal pide doce años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público para el exalcalde de Muras, porque lo acusa de dictar varias resoluciones entre los años 2010 y 2013 en las que figuraba como interesada su esposa, con la que está casado en régimen de gananciales.
El abogado del exregidor asegura que, "si existiese algún tipo de irregularidad, es de tipo administrativo"
Según el escrito de acusación del ministerio público, el exalcalde de Muras incumplió "el deber de abstención al que venía obligado", que "impedía su intervención personal" cuando cualquier "actuación administrativa le pudiese reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal" para dictar una serie de resoluciones desde la Alcaldía "en las que figuraba como interesada su esposa". Lo hizo según la Fiscalía, "a sabiendas de su ilícito proceder", quien también matiza que el "vínculo matrimonial entre ambos está regulado por el régimen de gananciales".
En concreto, el ministerio público hace referencia a la "licencia de obras para la legalización de una nave", "donde el acusado, a sabiendas de su arbitrariedad y siendo plenamente consciente de que actuaba de forma contraria al ordenamiento jurídico, dictó" las correspondientes resoluciones.
"Trataba de legalizar una nave de nueva construcción amparada por una licencia para alprende otorgada en el año 2003, enclavada en una parcela" que es "suelo rústico de protección de espacios naturales dentro del LIC Red Natura", y el entonces alcalde era "plenamente consciente" de ello.
Sostiene asimismo que eel acusado, a sabiendas de su injusticia, dictó la correspondiente resolución para anular "recibos correspondientes a la tasa de residuos sólidos urbanos por viviendas por sitas en Gobeitas 1 y 2, del año 2012", de forma que incumplió "el deber de abstención que le correspondía".
