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Condenado por inyectar brucelosis a sus vacas para cobrar una indemnización

brucelosis castro de rei
Un grupo de vacas. ARCHIVO

El ganadero, de Castro de Rei, provocó el sacrificio de sus 144 reses usando una vacuna para esa enfermedad fabricada con cepas vivas cuyo uso está prohibido en España desde 1988

Después de dos años en los que no se había detectado ni un solo caso de brucelosis en toda Galicia, el 15 de octubre de 2012 saltaron todas las alarmas de los veterinarios de la Xunta que realizaban la rutinaria campaña de saneamiento: en una granja de una parroquia de Castro de Rei se detectó brucelosis en 70 vacas. De inmediato, se ordenó el sacrificio de los 144 animales que había en la explotación y, de oficio, se reconoció a su dueño el derecho a una indemnización de 102.640 euros, además de las de lucro cesante y las de otras líneas de financiación existentes.

La Audiencia Provincial de Lugo acaba de determinar que todo fue un intento de estafa, tanto a la Xunta como al seguro, del propietario de la ganadería, J.A.S, al que ha condenado a cinco meses de prisión, una multa y el pago de todas las costas judiciales. Además, deberá ser él quien indemnice con 22.475 euros, por los gastos de la investigación, a la Xunta, la única que ejerció la acusación pública ya que la Fiscalía renunció a acusar.

Según considera probado el tribunal provincial, J.A.S. se hizo con varias dosis de unas vacunas para la brucelosis que estaban elaboradas con cepas vivas de dicha enfermedad S19 yRev1), y cuyo uso está prohibido en España desde 1988. Contando con que los veterinarios de la Xunta realizarían en octubre de 2012 su habitual campaña de inspección, inyectó las vacunas a sus vacas con la intención de que la brucelosis fuera detectada.

El 15 octubre los inspectores encontraron trazas de brucelosis y activaron el protocolo de saneamiento. Los análisis de laboratorio confirmaron el positivo diez días después y se ordenó de inmediato el sacrifico de las 144 vacas de la explotación. A la vez, se inició de oficio el procedimiento para indemnizar al ganadero: el pago directo por cada res más el acceso a líneas de subvenciones para reponer el ganado más unos 40.000 euros por lucro cesante. También reclamó lo que le correspondía por el seguro que había contratado dos meses antes.

Sin embargo, la desproporción del brote de una enfermedad que se consideraba casi erradicada y las circunstancias del mismo despertaron las sospechas de los veterinarios de la Xunta. Enviaron a analizar muestras y se encontraron con que los niveles de anticuerpos del rebaño se comportaban de manera exactamente contraria a la que deberían. Los análisis posteriores, hasta en tres laboratorios nacionales de referencia y con muestras de tejidos y de leche, descubrieron las cepas de las vacunas usadas.

Unas llamadas comprometedoras
La Fiscalía se puso del lado del acusado, que negó los hechos, al argumentar que no se había acreditado que las muestras analizadas en los tres laboratorios tuvieran asegurada su cadena de custodia.
Sin embargo, la Audiencia no solo considera que se cumplió más que de sobra con la legalidad, sino que incluso hace alusión a unas conversaciones telefónicas que fueron grabadas durante la investigación, "en las que se evidencia la preocupación del acusado, que era consciente de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias penales, así como de su defensa relativa a la impugnación de las pruebas".

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