Una macrooperación policial llevada a cabo a finales de 2016 se saldó con quince empresarios detenidos por un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social de cerca de cuatro millones de euros. Entre los arrestados había empresarios de la construcción, hosteleros, peluqueros o carpinteros, entre otros sectores.
Las investigaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad concluían que las empresas de los detenidos no pagaban la seguridad social de sus trabajadores y esperaban hasta agotar plazos para crear nuevas empresas con el objetivo de salvar sus bienes y mantener la actividad. Sin embargo, las imputaciones se fueron desgranando en los juzgados y el fiscal pidió el sobreseimiento de las actuaciones en muchos casos.
Cinco de los detenidos en aquel operativo, vinculados a la empresa Parques y Mobiliario Urbano de Galicia S.L. –asentada en Rábade y dedicada a la obra pública, sobre todo a la instalación de parques infantiles– se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgados por diferentes delitos: fraude a la Seguridad Social, delito societario, falsedad documental y alzamiento de bienes.
Y una vez más, la Fiscalía también solicitó el sobreseimiento de su caso. "El hecho de tener una deuda con la Seguridad Social no implica un delito. Hay que tener intención de defraudar y aquí no hay ese artificio engañoso. Puede haber una irregularidad administrativa, pero no hay un ánimo falsario", alegó la fiscal.
Por su parte, la letrada de la acusación particular –ejercida por la Tesorería General de la Seguridad Social– retiró la acusación contra dos de los imputados, pero mantuvo su acusación contra los otros tres responsables de la empresa, a quienes les reclama el pago de 82.998 euros. Solicita además penas elevadas de prisión.
En concreto, pide nueve años y tres meses de cárcel para un acusado, seis años y nueve meses para otro y cuatro años y medio de prisión para el tercero. Dos de los acusados se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el otro quiso contestar únicamente a las preguntas de su letrado, que renunció al interrogatorio. Tras los alegatos de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.
