Un hombre para quien el ministerio fiscal pide 19 años y medio de cárcel por maltratar, retener ilegalmente y agredir sexualmente a su esposa en el domicilio que ambos compartían en la capital lucense será juzgado este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo.
La vista oral iba a celebrarse el pasado 10 de marzo, pero finalmente el juicio fue suspendido por la incomparecencia del acusado, que fue "declarado en rebeldía". Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que la vista oral se celebrará este jueves, día 26 de mayo, después de que el acusado fuese localizado.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, su esposa vino de Marruecos en la primavera de 2019, después de un matrimonio concertado por su familia, y en mayo de ese año la pareja se trasladó a un domicilio en la ciudad de Lugo.
El ministerio público sostiene que el hombre la sometió "a continuos insultos y vejaciones", "no le dejaba salir de casa", le "controlaba el teléfono móvil" y no le "daba dinero para comprar comida o ropa".
Como todavía no dominaba el idioma, la "atemorizaba, llegando a decirle que si salía de casa le podían sacar los papeles".
Además, al percatarse de que la mujer había entablado cierta amistad con la propietaria del piso, "cerraba con llave la puerta del domicilio, dejándola encerrada en su interior, sin que ella pudiese salir ni comunicarse con nadie".
De acuerdo con el relato del fiscal, también la agredió sexualmente en una ocasión y le pegó.
"Esa situación se prolongó aproximadamente un mes, hasta principios de junio de 2019", añade, "momento en el que pudo escapar", un día en el que su marido "al salir, se olvidó de cerrar la puerta con llave".
Presentó denuncia el 24 de junio de 2019.
El fiscal pide dos años y seis meses de cárcel por el delito de maltrato habitual; seis años y seis meses de prisión por el delito de detención ilegal; diez años de prisión por el delito de agresión sexual y otros seis meses de prisión por maltrato en el ámbito familiar.
También pide que el acusado indemnice a la víctima con 8.000 euros por daños morales.
