El expediente administrativo impulsado por el gobierno de Lara Méndez para investigar el papel desempeñado por políticos y funcionarios en el caso de la fábrica de la luz acaba de resolverse con la conclusión de que no se dan los requisitos que exige la ley y la jurisprudencia para exigir que funcionarios o políticos se hagan cargo de la indemnización de 2,4 millones que el Concello tuvo que pagar a la empresa Inca.
En realidad, el secretario del Concello, que fue la persona designada por la alcaldesa para tramitar este expediente, investigó solo la labor llevada a cabo por el exedil Daniel Piñeiro y por un funcionario del área de Medio Ambiente, uno de los primeros aspectos con los que discrepó el PP, partido que contribuyó a impulsar el expediente y tuvo acceso a él como parte interesada.
La investigación se centró en el papel de Piñeiro y el funcionario en base a un informe del asesor jurídico del Concello al considerar que fueron los responsables político y técnico del polémico contrato. Para el PP era crucial que se investigara también a la alcaldesa, a la que también reprocha el hecho de que se pusiera al frente del expediente como la persona encargada de impulsarlo y de cerrarlo.
El dictamen final del instructor ya se aventuraba desde hace semanas, cuando presentó las primeras conclusiones a las partes y abrió un plazo de recurso y audiencia. En ese documento, el secretario municipal apuntaba que el funcionario cometió una negligencia leve y descargaba de cualquier responsabilidad al exconcejal, ya que limitaba el grado de conocimiento técnico y jurídico que debe tener un cargo político. En ninguno de los casos apreciaba negligencia grave, culpa o dolo, por lo que considera que no puede exigírseles responsabilidad patrimonial.
"Como temiamos, Lara Méndez deu orde de pechar ás presas o expediente, sen realizar as investigacións oportunas, tomas de declaracións a funcionarios e políticos e as probas necesarias, tal e como se pedía dende o Partido Popular", lamentó este miércoles el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. "Non é xusto que Lara Méndez, persoa que debía de estar investigada neste expediente, sexa quen impulsa, teledirixe e resolve, nun proceder totalmente neglixente", señala el edil.
El PP aún puede recurrir la resolución en vía administrativa y acudir después al juzgado.
