Un empresario, con seis firmas dedicadas al sector de la carpintería metálica y de la construcción (dos de ellas en una localidad de la provincia) aceptó una condena de dos años de prisión y 343.000 euros de multa por un delito de defraudación a la Seguridad Social.
El fiscal solicitaba para el hombre siete años de prisión y otros dos años y medio de cárcel para su esposa, así como un pago total de 2.160.760 euros en multas e indemnizaciones por responsabilidad civil. Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo para rebajar la pena a la mujer y rebajar la condena al empresario. Los hechos se remontan al año 2012, cuando el hombre adeudó a la Seguridad Social 343.000 euros. Según la fiscal, el condenado creó un entramado de empresas para ocultar sus deudas y dificultar el trabajo de la Seguridad Social y llegó a crear “domicilios fiscales ficticios” para tratar de librarse de ser investigado.
